Curioso, pero no sorprendente, que voceros de los sectores del comercio y el turismo se hayan unido a las protestas, aunque no para plegarse al pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro, sino para reclamar un tratamiento menos discriminatorio en relación con las medidas de restricción por el COVID-19.
Voceros de actividades mercantiles como las de restaurante, bar y hospedaje expresan su preocupación por el retroceso en el proceso de reactivación económica que se había iniciado en la ciudad, pero que se frenó hace ya dos semanas.
Cuestionan, con indiscutible pragmatismo, la proclividad de las autoridades para restringir las actividades empresarias formales, a la vez que son propensas a facilitar las movilizaciones que sí generan aglomeraciones, o a no controlar a aquellos comerciantes formales e informales que en cambio no cumplen con rigor la legalidad.
A los cierres tienen que sumar, además, el deterioro de la imagen de la ciudad como destino turístico en el exterior, por cuenta de hechos que han ocurrido en otras regiones del país, pero que el potencial turista extranjero no está en capacidad de distinguir en cuanto a que no suceden en Cartagena en donde, hay que reconocerlo, las marchas generalmente han transcurrido pacíficamente.
Los empresarios formales del comercio y el turismo consideran que hay una clara violación al derecho a la movilidad, al trabajo y al sostenimiento de las familias con las decisiones que interrumpen los ciclos de desarrollo del objeto social de sus negocios, singularmente porque los clientes y huéspedes hacen reservas con días de antelación, pero se encuentran con cierres que no estaban programados cuando se agendaron los viajes o visitas, lo cual provoca cancelaciones de última hora y, lo que es peor, el incumplimiento de expectativas vendidas incluso estando ya el cliente o el huésped en el establecimiento o en el hotel que ya no pueden proveer el servicio contratado.
El alcalde y su equipo de gobierno están llamados a analizar cómo se protegen también los derechos del resto de sectores económicos, sociales y culturales de la ciudad afinando un ejercicio de análisis de proporcionalidad de las medidas, habida cuenta de las realidades que enfrentamos en estas semanas, pues no todo tiene que parar, y no en toda la ciudad, necesariamente, con toques de queda generales, con los cuales se castiga doblemente al sector formal que cumple con las medidas de bioseguridad y de horarios que se les definen.
Hay que escuchar a estos empresarios pues las medidas les asfixian a riesgo del cierre definitivo de sus negocios, al verse afectados por hechos ajenos a sus actividades. Con razón se quejan de que mantener sus actividades económicas cerradas no tiene sentido cuando la ciudad permanece abierta a otros actos y movilizaciones que maximizan el riesgo de contagio.
No hay que cerrarse a sus justas reclamaciones.
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