Es altamente probable que, cada vez que el Estado cree un nuevo trámite para la obtención de un permiso, nazca una nueva oportunidad de corrupción. Por eso, aunque indigna, no sorprende la revelación de supuestas irregularidades administrativas en relación con los procesos de solicitud de permisos para la realización de eventos públicos en la ciudad.
La reciente noticia se refiere a casos en que algunos funcionarios habrían cobrado por aprobar solicitudes (que son gratuitas) para la ejecución de eventos en espacios públicos; así mismo, que los montos que se habrían exigido tenían relación con cuál persona o entidad solicitaba el permiso.
Entre esos casos presumiblemente estarían cobros por permisos relativos a los sistemas de protección contra incendios o a las autorizaciones otorgadas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana para la realización de espectáculos públicos, o para eventos privados que se desarrollaran en espacios públicos o para eventos privados que pudieran afectar el orden público, todos estos a pesar de la gratuidad formal del trámite.
Si todo esto fuera cierto, el daño a los valores y ética sociales es profundo. No solo se deprecia la persona que cobra por hacer lo debido, sin que haya tarifa oficial, también es el golpe que se le propina a la credibilidad del Estado y al prestigio del servicio público.
Otra consecuencia es el trato desigual a los ciudadanos, pues esta clase de gestiones espurias favorecen a organizadores y promotores cercanos o con vínculos a la administración distrital, y castigan a las personas que no comulgan con estas conductas, y que confían en que, de cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos, recibirán la autorización o permiso correspondiente. Ese trato desigual, a su vez, enseña corrupción, en la medida que algunos ciudadanos ven su proyectado evento o espectáculo frustrado si no se pliegan a las exigencias de los tramitadores o funcionarios deshonestos.
Se aplaude la reacción de las oficinas de la Alcaldía que han procedido a identificar permisos ilegales y a promover los correspondientes procesos disciplinarios contra funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción, así como se aplaude a los particulares que han cooperado para que las autoridades descubrieran permisos con falsedad ideológica (es decir, con contenidos falsos o porque no se tramitaron a través del mecanismo correspondiente).
La oportunidad de delinquir que causa la tramitología o la burocracia oficial es histórica. Como esto es sabido, dar paso al uso de tecnologías que despersonalicen los trámites y fijen protocolos sencillos y lógicos de manejar, para que, quienes cumplan con los requisitos previamente establecidos y publicados, logren tramitar sus solicitudes de permisos, en línea, puede contribuir a minimizar esas ocasiones de delinquir.
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