El Universal sigue la línea del respeto al derecho a la protesta. Desde esta tribuna así lo hemos sostenido en múltiples ocasiones; pero, como todo derecho, este también tiene sus límites.
Lo que está viviendo la ciudadanía debido a la parálisis en la movilidad por causa de los paros diarios de camioneros y propietarios de tractomulas es abusivo, insoportable e inadmisible. No puede ser que cientos de conductores y pasajeros de buses, busetas, taxis, vehículos particulares, otros transportes terrestres y, sobre todo, aquellos a quienes urge movilizarse por citas inaplazables o por razones de salud vean detener sus vidas todos los días por cuenta de una protesta que no respeta el derecho ajeno, que no cuenta con autorización y que supone el ejercicio de la primacía de un interés de grupo por encima de derechos colectivos.
Esto, que puede ser normal o admisible en manifestaciones o protestas ciudadanas –contra lo cual no hay oposición, pues supone el ejercicio de un derecho reconocido en la Carta Política y ya regulado en el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, de reciente expedición–, constituye un incordio ilegítimo cuando se convierte en una actividad rutinaria de quienes manifiestan una contrariedad, justa o no, contra actos u omisiones de las autoridades.
El alcalde Dau dijo ayer que las tractomulas y vehículos de carga pesada deben pagar los peajes debido a que son los que realmente gastan y desgastan las vías internas de la ciudad y porque el Corredor de Carga fue construido principalmente para el uso de quienes mueven la mercancía de los puertos como beneficiarios directos con la construcción del Corredor de Carga. Agregó que el pago de los peajes no sale de los camioneros, pues esos costos están incluidos dentro de los fletes respectivos; además, que si las tractomulas dejan de pagar peaje, se impactaría aún más en el detrimento patrimonial estimado en unos $300 mil millones de pesos, por lo que dejarles de cobrar sería no solo una pérdida para la Concesión Vial, también para el Distrito.
Si tuviera razón el alcalde en todo lo expuesto, echamos de menos que no haya concluido su análisis sobre qué va a hacer su gobierno para restituir la movilidad y hacer cesar, con las herramientas que le confieren la Constitución y la ley, el abuso en la protesta por parte de los camioneros y propietarios de tractomulas y vehículos equivalentes, pues la situación que hoy se vive es injusta e insostenible respecto del resto de ciudadanos.
Lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con la ponderación de las vías de hecho por parte del alcalde. No termina bien lo que se hace de esta manera. Es indispensable que se construya un mensaje claro en torno del tema de los peajes. La incertidumbre en la posición política solo puede acunar caos e incertidumbre.
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