Editorial


Medio ambiente y delito

“No hay duda que la codicia está detrás de estos crímenes. Los esfuerzos ilegales dirigidos a acallar las voces de los que se oponen a la explotación inmisericorde (...)”.

EL UNIVERSAL

14 de septiembre de 2021 12:00 AM

Con profunda vergüenza y compunción debemos recibir los colombianos la noticia de que somos el país con más asesinatos de defensores del ambiente a nivel global, según Global Witness.

Inconcebible que en tiempos de COVID-19, 227 defensores fueron ejecutados por proteger los bosques, el agua y demás recursos naturales, al punto que el 2020 ha sido el peor año desde que se registran estos homicidios en el mundo.

Lo peor es que la mayoría de los atentados mortíferos sucedieron en América Latina, siendo que en nuestro territorio ocurrieron 65 de esas muertes. Y no parece casualidad que sea México el que nos sigue, con 30 asesinatos, justo el país que padece problemas similares de deforestación por cuenta de la creciente expansión del narcotráfico y demás delitos asociados al crimen organizado, aunque también las causas de tales homicidios devienen del intento de detener proyectos de minería, tala y represas, con lo cual, según las noticias, se infiere que los contradictores de esos defensores también sean los gobiernos y empresas interesados en la ejecución de proyectos que afectarían los recursos naturales defendidos por las comunidades.

No hay duda que la codicia está detrás de estos crímenes. Los esfuerzos ilegales dirigidos a acallar las voces de los que se oponen a la explotación inmisericorde o insostenible del medio ambiente pueden explicar buen parte de estos crímenes, que se suman a los que se producen por el afán desenfrenado de obtener lucro a través de cultivos ilícitos o la explotación de minería ilegal, entre otras empresas criminales.

No puede ser que defender el medio ambiente se convierta en una profesión u oficio peligrosos, justo cuando el calentamiento global reduce la normalidad ambiental.

En medio de semejante noticia alivia saber que ya contamos con la esperada normativa que actualiza los delitos ambientales a las nuevas realidades. En efecto, el 29 de julio se expidió la Ley 2111, que amplía las penas y sanciones de hechos punibles ya tipificados y la creación de nuevos tipos penales.

Con esto, no sólo los defensores del ambiente, sino también las autoridades tendrán más herramientas para combatir estos crímenes, normalmente cometidos por verdaderas organizaciones criminales, que promueven o financian la deforestación, la invasión de áreas de especial importancia ecológica o la apropiación ilegal de los baldíos de la Nación.

Ya no bastará con pagar los daños y perjuicios por las afectaciones ambientales; ahora también la prisión es una sanción concreta para los que así procedan.

Y ya en nuestro entorno, como hay una cultura de la invasión en la ciudad, es conveniente que se ejecuten las campañas pedagógicas, con el fin de prevenir la comisión de tales hechos punibles por individuos que no forman parte de esas empresas criminales, y que lo hacen por razones regularmente vinculadas a la pobreza.

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