Mensajes confusos

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El Gobierno Nacional debería revisar la forma como se está comunicando. Se observa una dificultad para transmitir no sólo lo que hace, sino para que no le atribuyan lo que no hace.

Un ejemplo reciente muestra cómo se puede dañar la percepción del presidente Duque y cómo sus funcionarios demeritan su credibilidad.

Nos referimos al supuesto paquete de medidas sobre la reforma de protección a la vejez, las cuales, indicó el periódico Portafolio, incluirían aumentar el monto de la cotización y eliminar el régimen de prima media con prestación definida.

Aunque el Gobierno Nacional salió al paso aclarando que no existe un proyecto de ley en firme aún, pues todavía se encuentran en fase exploratoria, la explicación suministrada, en lugar de dar tranquilidad, ha despertado aún más dudas y resquemores sobre lo que realmente está pensando el gabinete ministerial que tiene que ver con tan sensible tema.

Basta mencionar que en la larga lista de propuestas y debates que se han planteado durante los últimos lustros, es la primera vez que se discute, en el ámbito nacional, la idea de privatizar el régimen de pensiones; es decir, convertir a Colpensiones en una administradora del régimen de ahorro individual, una experiencia que en otros países, como Chile, ha sido infortunada.

Aun cuando el Ministro de Hacienda fue enfático al afirmar que no se contempla aumentar el monto de las cotizaciones para trabajadores, empleadores e independientes, y mencionó también que no se proponen eliminar Colpensiones, su intervención, lejos de amainar los ánimos, despierta aún más recelo, pues cambiar su naturaleza a fondo privado no es precisamente eliminarlo. ¿No era mejor despejar la duda refiriéndose directamente al asunto en discusión?

Es claro que la reforma al régimen pensional es un tema extremadamente sensible pero necesario de enfrentar y, aunque cualquier propuesta que se presente será impopular, en todo caso eliminar el régimen de prima media con prestación definida, que se sustenta sobre el pilar fundamental de la solidaridad, además de inconstitucional, puede ser tan escabroso como la propuesta de castigar con IVA artículos de la canasta familiar, lo que casi dio al traste con la Ley de Financiamiento.

No debería quedar la impresión en el ambiente de que el Gobierno está más preocupado por reducir el peso fiscal que implica tener que financiar las pensiones del país con los impuestos, que el cerrar las brechas causadas con la Ley 100 de 1993, al crear dos regímenes que coexisten generando inequidad.

Es ineludible propiciar una discusión en torno al problema de las pensiones en Colombia; pero asombra ver que nada se escucha sobre las menores mesadas que ofrece el régimen privado, mientras las administradoras reportan decorosas utilidades; o las diferencias entre un régimen y otro, que hacen inequitativo el sistema.

En suma, cuando de temas sensibles se tratan, no se espera de los altos funcionarios que dejen cabos sueltos en la comunicación de los mensajes, por el potencial de daño que esto tiene en la imagen del propio Gobierno.

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