Las difíciles circunstancias por las que atraviesan España y Ecuador deben servirnos de aprendizaje en torno de cómo enfrentar de manera más dúctil los retos que la política impone.
El movimiento separatista catalán es la prueba reina que las causas políticas tienen la potencia de dañar las realidades económicas y, por ende, repercutir inevitablemente en todas las demás. Hasta hace solo cinco años Barcelona y otras ciudades de esa Comunidad Autónoma gozaban de un nivel de vida insuperable para la media europea, que es mucho decir, pues esa conjunción de ciudadanos modernos, solidarios, progresistas y pluriculturales que les caracterizaba, ofrecía un envidiable estado de bienestar que hizo de esta región ibérica, tal vez, el mejor vividero del mundo.
Justo en ese momento cumbre de prosperidad social la dirigencia política decidió activar la separación del Reino de España, pues por razones de hondo e indiscutible contenido histórico, y por la pujanza económica, para la clase política semejante decisión tenía sentido.
Sin entrar a discutir las razones de fondo de ese viejo anhelo, es evidente que las decisiones adoptadas han resultado demasiado onerosas. Más de 5.000 empresas han cambiado de residencia legal hacia -Madrid principalmente-, y el deterioro en la calidad de vida en todos los niveles es sostenido, con lo cual, buena parte del pueblo añora volver a los tiempos de estabilidad institucional.
El clímax de esa pugna entre los mismos catalanes y entre estos y la España restante ha llegado con la sentencia dictada el lunes desde Madrid por el Tribunal Supremo, en la que se condena a penas de prisión de entre 9 y 13 años, a los líderes del movimiento independentista, lo que hace pensar que vienen días aciagos para los centros poblados catalanes con protestas que paralizarán la vida cotidiana, con las afectaciones que ello supondrá, lo cual dividirá aún más a los ya fraccionados catalanes.
Por el lado de Ecuador, tras las violentas protestas que pusieron a tambalear al gobierno de Lenín Moreno, las consecuencias arrojan no solo muertos y heridos, sino pérdidas que superan los 1.400 millones de dólares, lo que conllevó a la derogatoria de las medidas económicas que había adoptado ese Gobierno, la pregunta que flota en el ambiente es si era necesario llegar a ese nivel de confrontación para lograr la salida negociada a la que se vio abocado con los representantes del movimiento indígena.
De los dos casos externos podemos observar que en situaciones políticas y sociales complejas, las soluciones se tornan más difíciles si las partes asumen posiciones cerradas y desafiantes, pues priman los resentimientos sobre las razones, lo que profundiza la capacidad de agravio. En estas circunstancias, los dirigentes que omiten o abandonan el camino del diálogo y, además, le agregan salidas calificadas como ilegales, no solo alejan las soluciones políticas, sino la búsqueda en común de soluciones negociadas.
Los colombianos no debemos permitirnos llegar a esos niveles de confrontación, pues es evidente que, en casos como estos, todos pierden.
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