Ni asustaduría ni frustraduría

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En reciente columna de opinión publicada en El Tiempo, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, dio respuesta a algunas críticas contra su propuesta de reforma a la Constitución Política, que busca dotar a la institución que dirige, de la capacidad de ejercer un control preventivo –no previo– y concomitante frente a la ejecución del gasto público.

La idea del contralor General es que esa entidad se anticipe al daño fiscal y resguarde los dineros que son esquilmados por funcionarios venales o negligentes. En palabras del doctor Córdoba, la contraloría no puede seguir andando en bicicleta mientras que los corruptos andan en Lamborghini, anotando que, sin esos atributos, no será posible mejorar el monto de lo que anualmente se recupera tras los procesos fiscales, que en la actualidad sólo alcanza el 0,4 por ciento de lo que se presume perdido.

Añade el contralor General que a los que dicen que esa institución es la ‘asustaduría’ les responde que en verdad es la ‘frustraduría’, porque sus funcionarios viven de frustración en frustración, mientras los delincuentes se quedan con los recursos que tanto necesitan los colombianos.

No dudamos de las bondades del proyecto de acto legislativo que propone el doctor Córdoba, pues procura atender la necesidad de contar con herramientas más eficientes para luchar contra la corrupción, siendo que, como lo reconoce el contralor, la Contraloría General se debate a diario entre victorias pírricas y frustraciones permanentes cuando las auditorías evidencian hallazgos y responsables, pero los recursos nunca se recuperan.

En su opinión, hay que actualizar el desgastado modelo de control fiscal posterior, por un modelo que dote a ese órgano, de modernos y efectivos poderes y herramientas, ya que los actuales son tan desuetos o engorrosos que hacen difícil la posibilidad de recuperar los recursos.

El problema de la propuesta del contralor radica en el riesgo de que los funcionarios de la Contraloría se arroguen excesivos poderes, se genere una suerte de coadministración o, peor, que los funcionarios objeto de vigilancia, singularmente, del Ejecutivo, no se atrevan a adoptar decisiones, o las retarden, con la excusa del temor o de la inspección preventiva que ejercerán los delegados de la Contraloría.

No debe olvidar el contralor General que, por años, diversos exfuncionarios se han quejado, con o sin razón, de que en las regiones los gamonales que controlan los cargos de dirección o a los mandos medios en las contralorías seccionales, departamentales o municipales, emplearon el poder y la capacidad de atemorizar que tienen estos organismos, o bien para presionar determinadas decisiones, o para castigar a los servidores públicos que no fueron abyectos o que se rebelaron contra los dictados de los dirigentes políticos.

Por lo tanto, el doctor Córdoba no debe cerrarse a las críticas constructivas que le hacen al proyecto, sino más bien plantear cuáles fórmulas se incluirán en las normas materia de reforma, para que la entidad que regenta no funja como frustaduría pero tampoco como asustaduría.

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