No más impunidad electorera

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Todavía hay muchas dudas que aclarar en torno a las elecciones del pasado 14 de marzo, empezando con los indicios protuberantes de fraude electoral en Valle, Bolívar, Chocó, Atlántico y Antioquia, pero las autoridades electorales, en lugar de concentrarse con mayor intensidad en verificar las denuncias múltiples, muchas de ellas formuladas por organizaciones serias, se distraen en otros asuntos. Ahora, el Registrador Nacional exige una logística más voluminosa para hacer las elecciones presidenciales sin obstáculos y los riesgos de corrupción puedan ser conjurados. Según el registrador, Carlos Ariel Sánchez, entre 15 y 16 millones de personas votarían en la primera vuelta del 30 de mayo, 3 millones más que en las elecciones del 14 de marzo, y con ese argumento pide 12 mil millones de pesos, que se invertirían principalmente en 8 mil mesas de votación adicionales, para evitar congestiones que dificulten la jornada y para que los jurados cuenten los votos sin riesgo de equivocaciones o irregularidades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que se tomarán medidas para evitar el fraude, con el uso de grafólogos y dactiloscopistas, dotados de equipos de última tecnología, que verifiquen la identidad de los votantes, impidan que se utilicen cédulas falsas y comprueben que las firmas correspondan a las inscritas oficialmente. Tales anuncios del CNE deberían ser aplaudidos, si no fuera porque todavía no se conocen los primeros resultados de las verificaciones de la votación para Congreso, ni se vislumbran investigaciones específicas por las huellas claras de fraude en algunas ciudades. Es evidente que la Registraduría Nacional no podrá encarar las elecciones presidenciales si no se asegura de corregir los errores enormes y garrafales que cometió en los comicios de marzo, desde la capacidad de la empresa encargada de realizar el soporte informático, hasta la instrucción adecuada de los jurados. Pero preocupa que el Registrador esté responsabilizando desde ahora a las “autoridades competentes”, como declaró a Caracol Radio, porque no se han hecho los “correctivos tecnológicos” que reclama. Es como si estuviera preparando a la gente para otra cadena de irregularidades y hechos dudosos, similares a los que se detectaron en la votación del 14 de marzo, lavándose las manos por lo que ocurra. En una campaña que comienza a polarizarse, a llenarse de vituperios y acciones vandálicas, y que será tensionante y conflictiva, no puede permitirse que la incertidumbre sobre las garantías para un proceso transparente y limpio agregue una fuente más de inquietud. La forma más contundente de lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema electoral es demostrando que los actos de corrupción y las maniobras fraudulentas en las elecciones de marzo sean investigadas con rigor y agilidad, y sus autores sean debidamente escarmentados. Si esto no se hace, los anuncios del CNE sobre las nuevas acciones que adelantará en los próximos días, en contra de cualquier modalidad de fraude en las elecciones, no tendrán mucha credibilidad.

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