Norte oscuro

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Perplejidad, por decir lo menos, produce el estado de indefinición en torno de la responsabilidad por el pago del mantenimiento del alumbrado público de la Vía del Mar. En efecto, desde finales de 2019 se apagaron las luces y no hay entidad que se entienda obligada a asumir los costos que supone su funcionamiento.

Cuando el anterior responsable de la Concesión Vía al Mar entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la zona concesionada, y esta entregó la administración y mantenimiento de la vía a un nuevo concesionario (Concesión Costera Cartagena - Barranquilla), se solicitó la cancelación del servicio, pues para la ANI el Distrito es el responsable de su prestación y pago.

Por su parte, el Distrito ha expresado que el pago y mantenimiento correspondientes se encuentran en cabeza de la concesionaria, pero esta lo niega alegando que solo está a su cargo el mantenimiento y administración de las vías que recibió de la ANI.

De la misma manera, la Concesión de Alumbrado Público no entiende que deba encender las luces hasta tanto no se le entregue formalmente la sección (desde Serena del Mar hasta llegar a Marahuaco) que hoy está apagada, para hacer la evaluación correspondiente.

Entre tanto no pocos cartageneros preguntan cómo es que al nuevo concesionario de la Vía al Mar le adjudicaron el contrato con un incremento de más de un inusitado 20% promedio en los peajes, pues para los vehículos normales se pasó de $11.300 pesos, valor en el que estaba incluido el servicio de mantenimiento del alumbrado de la vía con un recargo de 200 pesos inclusive, pasando ahora a $15 mil pesos, sin brindar ese elemental servicio.

Es que no se entiende cómo es posible que quien cobra los peajes no tenga dentro de sus obligaciones el mantenimiento también del alumbrado y esa carga la transfiera a Cartagena, que no es parte del contrato.

Como tampoco se entiende si el cobro del peaje es para pagar el trayecto completo entre Cartagena y Barranquilla, por qué el peaje en aquella ciudad cuesta menos que el de Marahuaco, máxime si de aquel lado hay más kilómetros a doble vía que en el nuestro.

En suma, no es de recibo que ya terminando febrero aún la nación y el Distrito persistan en posiciones desencontradas que perjudican directamente a la población en general, y a los vecinos de la Vía al Mar como a los usuarios de esa vía en particular, cuando tienen el mandato constitucional (artículo 113), como órganos que integran el Estado, de colaborarse armónicamente para la realización de sus fines.

Si ello es así, no deben descartar la salida de que se reactive ya el servicio y que, concluido los diálogos que den como resultado cuál de las autoridades tiene la obligación que se comenta, se produzca, si hubiere lugar, las restituciones mutuas dependiendo de a quién le corresponde asumir esa carga.

Mantener apagada esa parte sensible de la Zona Norte, donde habitan miles de familias expuestas a los riesgos asociados a la oscuridad porque no hay acuerdo sobre quién es responsable, no habla bien de las capacidades de concertación de nuestras autoridades.

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