Otra vez el San José

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Es un hecho notorio que a la opinión pública le sentó muy bien el anuncio que hizo el Gobierno del presidente Duque de suspender el proceso de contratación para la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, pues se entendió que el contrato que pretendía firmarse con la empresa cazatesoros que propuso la asociación público privada para ese efecto, Maritime Archaeology Consultants -MAC-, supondría remunerar a este originador privado hasta con el 45% de los bienes que fueren declarados como no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -CNPC-.

En efecto, mediante resolución dictada el 8 de febrero de 2019, expedida por el Ministerio de Cultura, se dispuso la suspensión del referido proceso contractual hasta el próximo 10 de marzo de 2019. En esa fecha es posible que el Gobierno decida continuar con el proceso contractual MC APP 001 2018 Galeón San José, y la consecuente adjudicación al originador; o que nuevamente opte por suspender el trámite hasta tanto no se reúna el material necesario para discernir con suficiencia si conviene o no a los intereses culturales y patrimoniales de la Nación, la adjudicación mencionada.

Pero también es posible que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pueda ordenar que se suspenda el proceso, con ocasión de una solicitud de medidas cautelares anunciada por el historiador Francisco Muñoz Atuesta, quien pide a esa corporación judicial la aplicación de medidas cautelares de urgencia dirigidas a que se ordene al Gobierno suspender todo tipo de trámite del mencionado proceso, en tanto se evalúe científicamente el contexto arqueológico correspondiente al Galeón San José, con la aplicación del principio de indivisibilidad o unidad del “invaluable” tesoro. De la misma manera, que se planeen y desarrollen acciones necesarias para que el Estado colombiano tenga la primera opción de llevar a cabo las actividades de exploración, intervención y aprovechamiento económico de ese patrimonio cultural sumergido, con su correspondiente preservación.

Denuncia Muñoz Atuesta que, de continuarse con el proceso, cabe el riesgo que a Colombia sólo le corresponda el 5% del patrimonio sumergido con el galeón, lo cual, de ser cierto, sería absolutamente inadmisible.

Por lo tanto, al Gobierno le corresponde dar a conocer su posición oficial sobre esta nueva solicitud de aplazamiento y la opinión sobre las medidas cautelares mencionadas, antes de adoptar una decisión que implique la continuidad del proceso y la asignación del contrato a la empresa originadora de la propuesta. No hacerlo, podría profundizar el manto de dudas que ha generado todo este asunto de la asignación, a una nueva empresa extranjera, del esperado proceso de recuperación del afamado tesoro, que pudiera constituirse, tal vez, en la más valiosa pieza náufraga de la historia.

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