Editorial


Pagos a IPS

“ (...) sería cuestionable esta elección que priorizaría a las instituciones prestatarias de salud privadas, en desmedro de la red pública (...)”.

EL UNIVERSAL

24 de octubre de 2020 12:00 AM

En nuestra edición de ayer publicamos una nota sobre denuncias que algunos veedores han hecho respecto a presuntos cobros de terceros, de cuentas que el Dadis adeuda a distintas entidades de salud, lo cual no es desconocido para su actual directora, quien reveló que inició las indagaciones desde agosto pasado ante el rumor de que terceros perciben el 10% por el cobro de las deudas y por agilizar los procesos de pago.

Reconocemos como buena práctica que la directora del Dadis se reúna con representantes de las IPS para señalar que en esta administración no debería ser necesario recurrir a terceros para que las IPS reciban el pago de lo debido por el ente distrital, que tiene claro el deber de cancelar esos créditos a medida que se logren los recursos. Con esto, se rompe un pernicioso ciclo, denunciado en el pasado, de fabricación de cuentas infladas que después se pagan con pesarosos intereses y altas comisiones de cobro por intermediación, como ha habido casos a nivel nacional.

Pero, a entender de esta casa editorial, el asunto no es crítico –al menos así lo percibimos en torno de la actual administración distrital–, en cuanto a las gestiones de cobro por oficinas especializadas si se obra conforme a Derecho. El asunto que llama a la preocupación es por otra arista.

En efecto, se ha criticado al Dadis porque, por ejemplo, en el caso de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, solo hizo un abono, calificado de irrisorio por gentes del sector salud, de $500 millones de pesos a la deuda que aquella entidad mantiene con esa institución desde hace más de seis años. De acuerdo con el gerente (e) de la clínica, ese pago solo representaría el 5 por ciento del total de los pasivos, los cuales, según la entidad territorial ascienden a $9.190’189.959.

Aun cuando la directora del Dadis ha aclarado que debe distinguirse entre recursos disponibles en el marco del Acuerdo de Punto Final, el cual solo cubre las deudas de los servicios y tecnologías no POS, con aquellos destinado a propósitos tales como atención a población pobre no asegurada y migrantes, en todo caso se precisa más rigor en la información en torno a si se han privilegiado pagos mayores de recursos de estos y aquellos conceptos, a favor de IPS privadas, poniendo en desventaja a las públicas.

Si esto es así, y es algo que también vale la pena se aclare a la opinión pública, sería cuestionable esta elección que priorizaría a las instituciones prestatarias de salud privadas, en desmedro de la red pública, que viene padeciendo el suplicio de la escasez de recursos, con el corolario de la ausencia o la ralentización de la justa y oportuna retribución de su sacrificado personal de salud.

Ahora bien, si esto fuera así, tiene sentido que se esclarezca la causa o motivación de esta preferencia, incluso si lo que pudiera explicar esta elección en beneficio de instituciones privadas sobre las públicas, si es que es el caso, sería una desconfianza sobre las cuentas que soportan los servicios de estas.

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