Editorial


¿Para qué contralorías?

“Sería iluso negar que los políticos que coadyuvan a elegir a los contralores tienen a su favor una deuda subjetiva de estos, lo cual supone que...”.

EL UNIVERSAL

21 de noviembre de 2021 12:00 AM

Según la teoría, la institución de la contraloría sirve como órgano de vigilancia de la conducta de los servidores públicos en la gestión económica. Desde este punto de vista, justifican la institución, porque está teleológicamente dirigida a sancionar la corrupción y al uso eficiente de los recursos del Estado.

Pero en la práctica el costo de vigilar la buena administración y el buen uso de los bienes y presupuestos públicos resulta muy oneroso para una institución que opera en tres entidades separadas: la nacional, las departamentales y las distritales o municipales.

Dicho de otra de otra manera, no puede ser que subsista el funcionamiento de una institución que cueste miles de millones de pesos, pero que solo logra recaudar, de desfalcos y detrimentos patrimoniales, cifras irrisorias, mucho menores a su costo de funcionamiento. Eso se llama ineficiencia. ¿Por qué razón los ciudadanos tenemos que sostener unas entidades que no son capaces de recaudar su costo, teniendo las herramientas idóneas para hacerlo?

En el fondo, las contralorías son a las instituciones públicas lo que las revisorías fiscales son para las corporaciones privadas. Si una entidad privada padece la vigilancia de una revisoría fiscal que no funciona, simplemente es sustituida por una que sí cumpla sus deberes. Algo está mal en un sistema que permite que esas instituciones sigan operando como si cumplieran sus fines formales.

El hecho de que los candidatos a contralores municipales provengan de la elección en los concejos permea la independencia de estas instituciones, que tendrían que ser, sustancialmente, técnicas.

Sería iluso negar que los políticos que coadyuvan a elegir a los contralores tienen a su favor una deuda subjetiva de estos, lo cual supone que aquellos no son sorprendidos cuando las ofertas de puestos les llegan desde los despachos cuyos titulares ayudan a elegir.

En la práctica, las contralorías no son importantes por vigilar la buena administración de los recursos del erario, sino porque pueden ponerse al servicio de los políticos que las controlan, los cuales podrían estar en la orilla contraria del funcionario que gobierna, que es el sujeto de la vigilancia. Así, el control se puede usar como coacción para obtener del administrador los favores inconfesables que todos finalmente terminamos sabiendo, porque no hay secreto que quede oculto bajo el sol.

Y, al contrario, cuando el contralor es amigo de la administración, esta puede sentir que tiene patente de corso para ir más allá de la delicadeza, porque cuenta con la convicción cierta que desde la Contraloría no verán sus evidentes pilatunas. Es muy difícil que con cara o con sello gane la comunidad. Nada justifica mantener instituciones que no soportarían más que unos días si fueran financiadas con recursos privados.

Cualquier decisión que no sea eliminarlas o, como mucho, fusionarlas en un solo ente nacional o sustituirlas por firmas auditoras, es engañarse y seguir con la farsa propia de un esquema palmariamente prescindible.

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