La semana pasada se escribió otro de los capítulos tristes de la condición ambiental de los cuerpos de agua de Cartagena, con imágenes dolorosas de miles de peces muertos en los caños de Puerto Duro, San Lázaro, Juan Angola y Limón.
Aun cuando estos lastimosos sucesos suelen ser cíclicos, relacionados con la migración de peces que ocurre todos los años entre enero y marzo, en busca de sitios de abrigo para la larva de especies como Liza y Lebranche, tanto para los ciudadanos legos en materias ambientales, como para los expertos consultados por El Universal, en esta ocasión el incremento de especies abatidas no puede explicarse solo a partir del fenómeno de El Niño. Es altamente posible que se haya agravado por el creciente abuso que soportan esos caños debido a la despiadada contaminación que genera el lanzamiento abundante, irreflexivo e irresponsable de basuras, desechos de materiales de construcción y vertimientos ilegales.
Pero a lo anterior hay que agregar el estrangulamiento creciente de la circulación del agua debido a la construcción de viviendas ilegales a lo largo de caños y lagos, soportadas o bien en mafias de invasores ora en pequeños ocupantes que resuelven sus carencias de vivienda en esas zonas, que deberían ser las más protegidas por las autoridades. Las conductas ilegítimas de unos y otros merecen el repudio colectivo, la sanción social, pero sobre todo la aplicación del vigor de la ley.
Aunque es de mencionar el monitoreo que viene haciendo el Establecimiento Público Ambiental (EPA), así como las relimpias de canales que van a la Ciénaga de la Virgen y otros caños, o los análisis al estado de las aguas en algunos de estos lugares, el EPA, Cardique y el conjunto de las autoridades ambientales y de policía, tienen el deber no solo de atender emergencias como la de la pasada semana, sino de proteger con medidas efectivas los cuerpos de agua de la ciudad y sus corregimientos.
Es bienvenida la reactivación reciente del Ecobloque, que ha permitido identificar a varios infractores; pero es apremiante que se produzcan las primeras sanciones ejemplares, que persuadan a los ciudadanos inconsecuentes o a los delincuentes ambientales en cuanto a que en esta ciudad no se seguirá permitiendo la afectación del medio ambiente, que a todos pertenece.
Valga decir que esa obligación no es solo de las autoridades, también de la comunidad, pues a todos compete una parte de responsabilidad en el daño inadmisible de los cuerpos de agua y, en general, del medio ambiente en la ciudad.
La educación ambiental es la llave que activará en el largo plazo no solo el adecuado manejo de nuestros cuerpos de agua; también contribuirá a que en los barrios se genere una cultura de protección de las especies que nos rodean, de rechazo a las invasiones, de repudio a las conductas que propician el mal manejo de desechos, con lo que ello supondrá en la elevación de una mejor calidad de vida y un adecuado relacionamiento con el entorno.
Comentarios ()