Editorial


Perdón a la protesta violenta

“Los argumentos que tendrá que tener en cuenta el Gobierno para el logro del cumplimiento de ese compromiso no pueden suponer, como lo han dicho...”.

EL UNIVERSAL

06 de diciembre de 2022 12:00 AM

Gran imaginación tendrán que emplear los abogados de Presidencia para lograr una buena exposición de motivos del decreto por el cual el presidente Gustavo Petro cumplirá su promesa de liberar a más de 200 personas que fueron capturadas en las protestas de 2021 para que disfruten de Nochebuena con sus familias.

Por el momento han fundamentado esa posible decisión en la figura de los gestores de paz. Lo extraño de ese fundamento jurídico es que los gestores de paz que pueden ser designados como voceros tendrían que actuar como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.

Si ello es así, cualquier persona que se encuentre privada de la libertad puede ser liberada, independientemente del delito que haya cometido, siempre y cuando el primer mandatario considere libérrimamente que puede aportar a la paz social. Habría que revisar la exposición de motivos de la reciente Ley 2272 de 2022 para analizar si esa figura excepcional puede utilizarse para liberar a más de una centena de personas privadas de su libertad por delitos comunes.

De conformidad con el espíritu de la referida ley, esta figura fue creada para conceder la libertad a quienes pueden ser voceros de grupos armados organizados al margen de la ley, para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional; o a quienes sean designados como representantes por una estructura armada organizada de crímenes de alto impacto.

Las personas que serían destinatarias de la generosa medida gubernamental no han admitido pertenecer a grupos terroristas, armados u organizados al margen de la ley o a estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto; por el contrario, lo han negado hasta la saciedad y podrían verse afectadas en sus defensas en los procesos penales a los que se encuentran vinculados, pues el concierto para delinquir y otras figuras que probablemente aún no se les imputa, podrían recaer sobre estas.

Se entiende que el Gobierno central esté empeñado en esa liberación, puesto que a eso se comprometió el presidente. Pero el tema es delicado y suscita mucho escozor en la medida en que algunos de los detenidos están imputados por delitos tan graves como violación, tortura, homicidio, lesiones personales y secuestro.

Los argumentos que tendrá que tener en cuenta el Gobierno para el logro del cumplimiento de ese compromiso no pueden suponer, como lo han dicho abogados entendidos en estas materias, una desviación de poder, que ocurre cuando un gobernante emplea una figura jurídica con fines distintos de aquellos para los cuales fue creada por el legislador.

El empleo precipitado de un instrumento serio de paz en un caso como este, puede deslegitimar su futuro uso.

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