Editorial


Plazos justos

“La pyme se convierte en entidad financiera del gran intermediario, distribuidor o comercializador, lo que termina absorbiendo sus nimias utilidades (...)”.

EL UNIVERSAL

03 de agosto de 2020 12:00 AM

Los abusos de posición dominante producen frutos... pero sólo temporales. Uno de los más visibles ejemplos de la torpeza consistente en mejorar las ganancias a costa del empobrecimiento de quien está en inferioridad contractual, es el de las posiciones ventajistas de la parte que puede imponer las condiciones centrales del contrato. Para el caso, basta citar las sanciones millonarias que la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto a empresas de servicios públicos domiciliarios por prácticas abusivas de mercado.

Pero hay un campo más sutil que poca discusión generó en la opinión pública, seguramente porque sus afectados no son las grandes masas de consumidores, sino las pequeña y mediana empresa, que por años han aceptado la imposición de apretadas condiciones que suponen bajos precios de venta y largos plazos de recaudo de acreencias, con tal de acceder a nuevas oportunidades mercantiles o de contratación tanto con el sector privado como con el público.

Por supuesto, la proveeduría de mercaderías o servicios a bajos precios con fechas de recaudo de pagos demoradas, terminan reflejándose en la salud financiera de las pymes, que tienen que producir con pequeños márgenes de utilidad, que se pierden al tener que soportar largos periodos de recuperación de carteras morosas que no generan intereses, porque el empresario con posición dominante no los reconoce. Así, finalmente, la pyme se convierte en entidad financiera del gran intermediario, distribuidor o comercializador, lo que termina absorbiendo sus nimias utilidades. Por supuesto, muchas de las pequeñas y medianas empresas no soportan ese ritmo y, sumado a otras razones estructurales y accidentales para cada caso, no logran tener larga vida, que es la vocación intrínseca de toda compañía comercial.

Eso explica la reciente expedición de la Ley 2024 de julio 23 de 2020, que entrará en vigor en 2021, dirigida a proteger a las personas naturales y jurídicas que son sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con plazos de facturación y pago por parte de empresas con posición dominante en la relación interpartes.

La nueva norma, denominada como de ‘Ley de Pago a Plazos Justos’ propone como un deber singular de todo comerciante, independientemente de su tamaño, o de todo aquel que, sin serlo, realice operaciones mercantiles, el de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales en un término de 45 días calendario, improrrogables, y en algunos casos hasta 60 días, so pena de indemnizar los costos de cobro en los que se haya incurrido a causa de la mora en el pago.

Más interesante aún es la aplicación de la norma para los contratos con el Estado, regidos por la Ley 80, cuando se suscriban con micro, pequeñas o medianas empresas, pues surge la inaplazable obligación de pagar lo debido en un plazo máximo de 60 días calendario siguientes a la aceptación de la factura.

Pueda ser que esto acabe con la ilícita intermediación por la gestión de pago de cuentas, de lo que se quejan contratistas, proveedores y prestadores de servicios a los entes públicos.

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