La semana pasada se conoció que 14 inmuebles ubicados en el Centro y San Diego no han pagado el Impuesto Predial desde hace 10 años, acumulando una deuda superior a los 1.200 millones de pesos.
Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de casas residenciales, sino de mansiones destinadas a locales comerciales con distintas clases de negocios, entre los que priman hostales, discotecas, bares y demás actividades de comercio nocturno y de turismo.
Siempre se ha entendido que hay tolerancia en la acumulación de deudas por Impuesto Predial cuando se refieren a casas catalogadas como patrimonio histórico por su valor testimonial de tiempos coloniales. El sostenimiento de esas casas solariegas resulta extraordinariamente oneroso y la idea es que se preserven en el tiempo; por eso, muchas han gozado de merecida exoneración impositiva.
Lo que no se entiende es cómo pueden acumular semejantes deudas edificaciones que no gozan de la exoneración de ese impuesto por disposición de acuerdos o decretos especiales, pero en cambio sí contribuyen al malestar que no pocos establecimientos de comercio irrogan al conjunto de las demás propiedades, viviendas, estancias y familias que tienen que cohabitar con negocios nada respetuosos de la convivencia, sobre todo la nocturna.
Si, como lo han denunciado voceros del Colectivo Somos Centro Histórico, las deudas tributarias acumulan más de dos decenios, es claro que la permisividad oficial raya en la negligencia culpable. Esto es más grave si resulta cierto que de entre esos inmuebles, además, algunos se estarían utilizando para actividades prohibidas en el Centro Histórico.
Es bien sabido que, por lo general, después de cinco años sin actividad dirigida a embargar, secuestrar y rematar bienes objeto de procesos de jurisdicción coactiva por deudas tributarias, las obligaciones prescriben, con lo cual, si no se ha hecho lo debido, buena parte de lo que pudo haberse recaudado por Predial tiene vocación de perderse.
Hay una protesta generalizada por el deterioro del Centro Histórico y, singularmente, de su malla vial, que ya es una vergüenza. Pocas negligencias como esta le están pasando factura a la actual administración distrital. Por lo mismo, no es congruente que no opere el cobro coactivo tanto en este como en otros barrios, donde los negocios de explotación comercial causan desazón a sus vecinos.
Ver operar negocios tortuosos en edificaciones que le niegan contribución predial al Distrito fortalece la crítica en cuanto a que se está favoreciendo el comercio extractivo, por el cual se privatizan las utilidades y se socializan los costos de sostenimiento del espacio urbano.
La propiedad privada está obligada a soportar el cumplimiento de una función social, siendo la más elemental de todas, el pago de los tributos que le conciernen, de entre los cuales es nuclear el Predial.
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