Proselitismo sin violencia

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La MOE reveló un informe sobre el período preelectoral, que arrancó desde el pasado 27 de octubre de 2018, y que hasta la fecha, van 30 agresiones contra líderes políticos y servidores públicos.

En las regiones, muchos partidos, movimientos, comités de ciudadanos, y líderes por su propia cuenta han empezado a revelar sus intenciones de aspirar a los diferentes cargos de elección popular que se votarán este año el 27 de octubre: concejos, asambleas, alcaldías, ediles, y gobernadores.

Pero la MOE levantó el mapa de esas agresiones y destaca entre las regiones más afectadas por hechos de violencia política al Cauca y Bogotá, con 6 hechos cada uno; seguidos de Cesar, con tres hechos; finalmente, Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno.

Bolívar aparece en la lista con un caso de amenaza a un líder político, junto con Atlántico; y en Córdoba, donde ya hubo el penoso asesinato de Jorge Herney Castrillón, precandidato a la Alcaldía de San José Uré el pasado 30 de enero.

Bolívar fue el centro de una guerra que dejó varios muertos por violencia política en la que paramilitares y guerrilla, por más de tres décadas sembraron muerte, y que permeó a miembros de las fuerzas del Estado, muchos de cuyos casos aún se investigan.

En ese periodo la democracia como medio de expresión libre estuvo atravesada por la presión de los fusiles, y el temor de los ciudadanos se reflejaba en la abstención electoral o en el voto obligado a favor de quienes comandaban el territorio.

El panorama expuesto por MOE se suma al oscuro balance de líderes sociales asesinados desde el año pasado y en lo que va del año, por ello esta organización no gubernamental invita a que en la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la Presidencia, sean convocadas las organizaciones políticas y miembros de la oposición al Gobierno.

También hay que agregar el clamor durante la III Mesa por la Vida, desarrollada en El Carmen de Bolívar, donde el procurador Fernando Carrillo advirtió a los gobernadores que deben trabajar por garantizar la seguridad de los líderes sociales en sus territorios, pues de no ser así se iniciarán investigaciones y sanciones disciplinarias para los funcionarios.

El Gobierno del presidente Iván Duque y sus fuerzas militares deben frenar el poder oculto que ejercen en las regiones los grupos al margen de la ley, para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y decisiones políticas, en este año electoral.

La petición del procurador estuvo sustentada en el informe de la Defensoría del Pueblo, el cual mostró que la violencia contra líderes se recrudeció tanto en homicidios como en amenazas.

El asesinato como medio de coerción a políticos no ha sido algo nuevo en el país y por ello la historia de esta nación tiene oscuros episodios, como el exterminio de líderes de la Unión Patriótica y asesinatos tales como el de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, o Carlos Pizarro Leongómez, entre otros, hechos que no se deben repetir y que lastiman nuestra democracia.

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