Editorial


Protesta y peajes

“No queda más remedio que poner el énfasis en la instalación de una mesa de diálogo como la que han propuesto varios dirigentes, en que se (...)”.

EL UNIVERSAL

24 de febrero de 2021 12:00 AM

Como es evidente que no hay manera de recuperar el orden público quebrado por el paro de propietarios y conductores de camiones y tractomulas, no queda más remedio que poner el énfasis en la instalación de una mesa de diálogo como la que han propuesto varios dirigentes, en la que se sienten a concertar la Alcaldía, los voceros de ese gremio de transportistas, la Procuraduría, la Defensoría y un alto representante de la ANI o del Gobierno nacional. Lo que no puede ser posible es que se mantenga una protesta que paraliza en grado sumo a la ciudad, que transcurre como una agresión superlativa a cientos de personas y socava injustamente la tranquilidad ciudadana.

La protesta tiene que ver con factores estrictamente económicos. Quienes la protagonizan defienden un derecho a la igualdad que no existe. No es igual el que usa, con vocación natural de sensible afectación, una vía diseñada y construida para facilitar el negocio del transporte de mercaderías hacia los muelles que operan en el interior de la ciudad, que los ciudadanos comunes y corrientes. Tan claro es esto que las tarifas son, de suyo, diferenciales. Es legítimo protestar; pero no lo es en los términos abusivos en que lo vienen haciendo.

Lo que ha ocurrido aquí es que ha habido reiterados actos erráticos en el manejo de todo este asunto, incluso en su formación, partiendo desde el concesionario, que no ha sabido convencer, según su dicho, sobre el no logro de la plenitud de la Tasa Interna de Retorno (TIR) ni creó obras alternas, de ornato por ejemplo, que le granjearan el afecto ciudadano; pasando también por el gobierno distrital, que por años no ha sido capaz de señalar con toda claridad si la TIR se colmó o no; y de la actual administración, que le abrió paso a las vías de hecho por parte de ciudadanos justamente indignados por la revelación de la Contraloría General de la República en el ya famoso auto de trámite que indica el presunto detrimento patrimonial.

Pues claro que, por la forma en que se han desarrollado los hechos, la comunidad se siente vengada de los eternos abusos en la cosa pública local cada vez que una talanquera se levanta sin que se cause el cobro por el paso de vehículos, con lo cual cada día se confunde más el concepto de peaje y la razón por la que fue creada esta forma de construir y mantener las vías públicas, con las vicisitudes que con esta concesión en singular se han suscitado, deslegitimando una forma de financiación que, bien usada, puede resultar provechosa.

Volviendo al caso tortuoso del paro que estamos padeciendo estos días, según el Estatuto de la protesta, se impone la obligación de tramitar el diálogo, pero también arribar al uso legítimo de la fuerza en los términos de esta normativa si los protagonistas de la movilización se llegaren a negar a acordar cambios en recorridos para que no se afecte de una manera tan extrema, como está ocurriendo ahora, al resto de ciudadanos.

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