Editorial


Protocolos de la protesta

“El uso de la fuerza será el último recurso físico, proporcional y racional para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de los (...)”.

EL UNIVERSAL

11 de enero de 2021 12:00 AM

Así como continuarán las protestas espontáneas de ciudadanos para reclamar atención del Estado en asuntos comunes, en pocas semanas, una vez haya pasado el actual rebrote del virus, se reactivarán las marchas contra el Gobierno o contra el sistema político o económico colombianos.

Esta preanunciada realidad, que pondrá rostros concretos en calles de ciudades, poblados y vías nacionales, serán una constante, razón por la que cobrará mucha importancia el conocimiento del Decreto 003 dictado por el Gobierno este 5 de enero en cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia, decreto que contiene el protocolo de acciones policivas preventivas, concomitantes y posteriores en protección del derecho a la protesta pacífica.

Aspectos centrales del nuevo Estatuto están dirigidos a evitar la intervención violenta o desproporcionada de la fuerza pública; la estigmatización de quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar o refutar las labores del gobierno; las detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

Gobernadores y alcaldes tienen que apropiarse del contenido del Estatuto, por cuanto queda muy claro que siguen siendo los principales responsables de la dirección del orden público en sus jurisdicciones, con lo cual la Policía deberá acatar con prontitud y diligencia las órdenes que aquellos impartan por conducto del respectivo comandante departamental, metropolitano o municipal.

Bajo esta perspectiva, se impone la obligación de tramitar el diálogo y la mediación en las protestas, “aun cuando los medios pacíficos de intervención se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza en los términos del nuevo Estatuto”.

Persiste el deber a cargo de los organizadores o convocantes de una movilización, de avisar a la alcaldía la fecha, hora y lugar o posible recorrido de la manifestación, lo que no implica la obtención de permiso alguno, salvo las sugerencias a los organizadores de cambios en recorridos o puntos de encuentro alternativos, por fuerza mayor o condiciones excepcionales debidamente motivados.

El uso de la fuerza será el último recurso físico, proporcional y racional para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de los mismos protestantes; sin embargo, es obligatorio un espacio de diálogo y mediación previo a la marcha o protesta para evitar situaciones de conflicto, así como dar aviso previo al uso de la fuerza a los manifestantes, excepto en casos de inminente infracción penal o policiva, y en ningún caso con el uso de armas de fuego.

En suma, las reglas del Estatuto, incluida la rendición de cuentas por el uso indebido de la fuerza pública, en poco tiempo definirán en buena medida las relaciones entre gobernantes, opositores y ciudadanos.

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