Editorial


¡Qué disparate!

EL UNIVERSAL

28 de febrero de 2021 12:00 AM

Hasta antes de las recientes vicisitudes que estamos viviendo con el contrato de concesión del corredor portuario no pocas personas entendían que las ciencias exactas y sus hijas, de entre las cuales se encuentra, como unas de las predilectas, las matemáticas financieras, eran infalibles. Pero, ahora, entre los neófitos del mundo de los números pudiera crecer la impresión de que ya no lo son, pues cualquier lego queda atónito si se entera que sobre determinado análisis en torno de los efectos económicos de un contrato cuyos cálculos tendrían que resultar comunes a esa ciencia, por un lado, la Fiscalía General de la Nación dijo en su momento que se había colmado la Tasa Interna de Retorno (TIR) del contrato a ejecutarse desde 1998, seguido por un pronunciamiento de la Contraloría muchos meses después de iniciada una investigación especial, en una situación sospechosa pues algo pasó para que quedara la impresión de que se trataba de un pronunciamiento de fondo cuando era uno de trámite que no modificada el vigor del referido contrato, lo cual solo vino a aclarar días después de que ya los ánimos ciudadanos, instigados desde la autoridad civil, estaban justificadamente caldeados. Ni mencionar lo que antes había dicho la Contraloría Distrital porque, según las noticias de entonces, la opinión presuntamente estuvo precedida de solicitudes indecorosas.

Pero resulta que, desde la misma organización distrital, el ente oficialmente encargado de dictaminar cuándo se llegó o llegará a satisfacer la TIR, esto es, Edurbe, ha sostenido reiteradamente que ello aún no ha ocurrido, lo cual ha sido ratificado en un documento suscrito este 24 de febrero por su nuevo director. Es decir, todo lo contrario de lo que viene sosteniendo quien encabeza la administración Distrital, de la cual es un ente adscrito Edurbe. ¿Puede haber mayor disparate?

Ante todo este escenario, que si no fuera porque supondría un eventual detrimento patrimonial y porque nos llevó a un paro de propietarios y conductores de camiones y tractomulas extremadamente abusivo y afrentoso contra los intereses colectivos, parecería un libreto perfecto para un café concierto. Pero es todo lo contrario: una situación grave que solo deja más y más interrogantes.

Por ejemplo, ¿ha recibido algún tipo de presión espuria el concesionario? ¿Puso en riesgo el alcalde al patrimonio del Distrito al haber escogido la calle en vez de los tribunales? ¿Los diferentes actores involucrados en este proyecto (concesionario, concedente y supervisor interventor) consideran que el flujo que se utiliza para controlar la TIR, o sea, en el que saldos anuales corresponden a los saldos netos llevados a precios anteriores a 1998, tienen la misma estructura financiera que el del flujo de la oferta presentada por el concesionario en el proceso licitatorio?

Hay muchos más interrogantes.