Que paren ya

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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde enero de 2018 a abril de 2019 fueron asesinados en Colombia más de 317 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2019 ya son más de 60, según Indepaz.

De entre los asesinados se cuenta la dolorosa cifra de 88 campesinos o comunales, 74 indígenas (12 mujeres y 62 hombres).

Por su parte, el Cinep señala que en 2018 los líderes sociales y comunales recibieron más mil amenazas, y que la violencia persiste a pesar de los acuerdos con las Farc, debido a que en los territorios que antes ocupaban, han sido reemplazados por otros grupos violentos y no por el Estado. Y es grave que aún no se haya establecido una línea conductual que explique con certeza quiénes y por qué los están matando.

En su momento, la Defensoría del Pueblo indicó que el perfil de las personas asesinadas comprendía a líderes comunales, comunitarios e indígenas, en su mayoría dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, a la promoción de derechos humanos y del medio ambiente, y aquellos que denunciaron el reclutamiento por parte de Eln, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y otros grupos violentos. Igualmente, que los homicidios se elevan en áreas de cultivo de coca y de explotación ilegal de la minería, así como por conflictos de tierras y nuevos escenarios de participación política.

No va a ser fácil eliminar definitivamente las causas de esta horrorosa masacre a cuenta gotas, pues para esto se requiere que el Estado haga una presencia real integral en esos territorios, lo cual pasa por la implementación más expedita de los acuerdos con las Farc, para que no continúe el abandono de sus exmilitantes de los espacios donde están concentrados, se continúe con la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral.

Así mismo, que se profundicen las investigaciones para identificar responsables intelectuales, se brinde una mejor protección a quienes han recibido amenazas y se concrete la propuesta de creación de más jueces especializados, que atiendan las imputaciones y las acusaciones en los territorios.

En todo esto debe obrarse con presteza, singularmente antes de que se inicien en firme las campañas electorales, para evitar que la politización mine la objetividad en el trabajo serio y responsable, que se necesita en un tema tan delicado que el país nacional no parece haber comprendido en su profundo contexto, habida cuenta de la apatía que hay frente al tema en la opinión pública.

Y si ya este proceso de exterminio de líderes es el factor que más daño puede hacerle al Gobierno a nivel internacional, las insinuaciones derivadas del artículo de The New York Times, que pudieran regresar los falsos positivos al Ejército, requieren la más alta atención, singularmente del ministro de Defensa. Cuesta trabajo creer que pudieran ser ciertas, habiendo tantos frentes donde realmente se necesita la fuerza legítima del Estado.

Las Fuerzas Armadas de Colombia no soportan que esas inferencias se conviertan en realidad. Nadie en el exterior, pero sobre todo los colombianos, no estamos dispuestos a tolerarlo.

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