El video que mostró a sujetos armados intimidando a una población en Tierralta (Córdoba), que inicialmente se mostró como perpetrado por miembros de las disidencias de las Farc, causó profunda indignación singularmente por la cobardía de los encapuchados frente al estado de indefensión de humildes campesinos, y el coraje y valentía exhibidos por estos. Pero la indignación ahora se multiplica porque, presuntamente, los agresores pudieran ser miembros del Ejército, lo cual es absolutamente inadmisible y profundamente vergonzoso. En el video, incluso, uno de los agresores, usando un arma de fuego, amenaza con disparar a una campesina con un bebé en brazos; es decir, el colmo de la vileza.
Si fuera cierto que se trató de disidentes de las Farc, la pregunta a nuestras Fuerzas Armadas es cómo se ha podido llegar, otra vez, a este decaimiento del Estado de derecho, a esta pérdida de soberanía territorial.
Pero si fuera cierto que se trató de oficiales del Ejército Nacional disfrazados de guerrilleros, las preguntas son mayúsculas: ¿qué razón pudo haber motivado semejante conducta? ¿Se trató de una estrategia conocida por los superiores jerárquicos? ¿Quién o quiénes dieron la orden?
Está bien que el alto Gobierno haya calificado estos hechos como de “suma gravedad” y se ordenara la indagación disciplinaria correspondiente. Este tipo de conductas no solo agravian a las comunidades destinatarias de la protección del Estado; es, también, una afectación directa al prestigio de las FF. MM.
Pero esta situación negativa no es un hecho aislado que daña la confianza que la población guarda de la fuerza pública. Son constantes las quejas, desde distintos puntos de la geografía nacional, sobre la falta de presencia del Ejército y Policía en buena parte del territorio, y del abandono a la suerte que los ciudadanos padecen desde antes de la llegada del actual Gobierno, pero que ahora se ha profundizado, al parecer por las políticas fijadas desde el Ministerio de Defensa.
De hecho, ya no son solo los cuestionamientos por la evidente decisión de desproteger los territorios; es también la gravedad de acusaciones sobre presunta corrupción en el interior de esa cartera, al punto que la Procuraduría acopió información en varias de sus dependencias a propósito de las acusaciones que el exviceministro, general (r) Ricardo Díaz, manifestó en entrevista con la directora de la revista Semana, publicada este sábado.
La imagen del Ejército, mancillada horrorosamente con los falsos positivos -el capítulo más terrible de su historia-, ha requerido de un esfuerzo enorme para recuperarle su prestigio. Pero lo que ha estado acaeciendo en el actual Gobierno en torno de una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos, desde el ministro hacia toda la institución, amerita una revisión a fondo por la Presidencia de la República.
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