La situación de la isla de Barú es crítica, ya no solo por la inseguridad y por la invasión vergonzosa y aún incontrolada de Playa Blanca, sino porque la isla podría partirse en dos en cualquier momento si el Caribe rompe la tenue división entre este mar y la ciénaga del Mohán al otro lado. Es decir, de norte a sur. Esto no es una exageración, ni es alarmismo, sino una posibilidad palpable.
La línea de costa del lado norte de la isla de Barú, donde pega plenamente la brisa de verano con sus olas grandes, ahora montadas sobre un creciente nivel medio del mar, perdió cientos de metros, y si no fuera un problema tan serio, sería cómico ver los postes de energía que antes estaban en tierra firme, metidos en pleno mar Caribe.
La construcción de los 1441 metros del pedraplén de Playetas y los restantes 9 kilómetros hasta el pueblo de Barú, en el sur de la isla, tienen en ascuas a todos los involucrados directamente, especialmente al Distrito y al concesionario, que lleva meses esperando el dinero; y también a la Gobernación, cuyo titular, Dumek Turbay, ofreció financiar parte de la obra, al menos un porcentaje del pedraplén, cuya urgencia es enorme porque la situación de la isla hoy es crítica, como mencionamos atrás.
En la naturaleza todo es integral y la rotura de Barú no solo sería una tragedia para la gente que quedaría incomunicada en el pueblo de ese mismo nombre, sino que el mar cambiaría las características de la ciénaga de Mohán, hoy con labores naturales indispensables, como ser un criadero de alevinos y de muchas especies en su manglar y aguas quietas, además de anidar muchas aves en ese follaje. Esto quedaría arrasado, y el mar ya pasaría directamente contra la costa sur de la bahía de Barbacoas, que a su vez es un ecosistema indispensable y frágil. La cadena de daños sería enorme.
Un grupo de ingenieros y técnicos veteranos, en contacto con El Universal, no vacilan en catalogar lo que ocurre como un desastre natural en ciernes y opinan también que le corresponde a la Nación, dueña de la isla de Barú, sacudirse de su usual letargo centralista para enfrentar su responsabilidad. Es la Nación la que debería desembolsar ya lo que cuestan las obras y hacerlo muy a pesar de la Ley de garantías mientras aún existe la isla, y mientras sigue costando mucho menos que el desastre que podría ocurrir en cualquier momento. La Nación está avisada.
Los sectores público y privado de Bolívar y de Cartagena deberían hacer esta gestión ante el Gobierno nacional mientras aún se puede salvar Barú y todo lo demás.
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