Reacciones a las objeciones

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Tal como se esperaba, el presidente Duque objetó algunos artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que fue aprobada en el Congreso de la República y que había surtido el trámite correspondiente ante la Corte Constitucional, que declaró inexequible parte de su articulado, moduló otra parte y remitió el cuerpo normativo resultante de su valoración, para su firma al Ejecutivo.

Este optó por objetarla por razones de inconveniencia, lo cual está dentro de las potestades del presidente, aun cuando no había precedentes de ese camino con una ley estatutaria ya declarada exequible por la Corte Constitucional.

Eran de esperarse las reacciones adversas por parte de la oposición al Gobierno, pero también por los partidos que votaron favorablemente la ley estatutaria en el Congreso de la República, pues sienten que se constituye en una variación unilateral de los acuerdos y un desconocimiento de la autoridad de la alta Corte.

Por su parte, han cerrado filas el Centro Democrático, el Partido Conservador y otras fuerzas políticas de derecha o de centro derecha, en apoyo a las determinaciones adoptadas por el presidente Duque, quien además ha señalado que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 por el cual se le dio vigencia a los acuerdos con las Farc.

Ahora, el Congreso tendrá la palabra, en lo que se espera serán álgidos debates que se centrarán más en los aspectos políticos que en los jurídicos, lo cual puede prolongar hasta diciembre de este año las definiciones frente a las objeciones planteadas por el Ejecutivo. No será fácil que este logre las mayorías necesarias para aprobar en ambas Cámaras las objeciones, lo cual supondrá que la JEP tendrá que seguir funcionando con base en las normas nacionales y supranacionales vigentes, que ha venido acogiendo para darle impulso a los miles de casos de exguerrilleros y militares que se han acogido a la justicia especial.

Tranquiliza la ponderada reacción de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, frente a las seis objeciones por inconveniencia que anunció el presidente, al señalar que el Gobierno actuó en su autonomía y que esa justicia especial respeta, lo cual contrasta con las duras y en algunos casos extremas reacciones por parte de destacados dirigentes, que pueden generar la impresión que dicha justicia se paralizará y pondrá en riesgo los casos que allí se adelantan, cuando no es así, tal como lo ha hecho ver la magistrada Linares.

Es cierto que el presidente pudo optar por el camino más fácil. No obró así, lo cual generará un periodo aciago que complicará no solo la marcha de la JEP sino también, las relaciones del Gobierno con el Congreso, la Rama Judicial y otras instituciones del Estado, la comunidad internacional, el partido de la Farc, entre otros personajes no menos influyentes. Como esto es así, es de esperar que los líderes nacionales no hagan de este periodo un infierno para los colombianos, sino que en las discusiones brille la altura del debate respetuoso y constructivo, pensando siempre en el bien de la Nación.

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