El gobierno del cambio está llamado a procurar una transformación política que acabe -o al menos disminuya- la corrupción política y la mediocridad del Estado ladrón y mañoso, lo cual pasa por ponerle coto al clientelismo político, que es la madre de todos los vicios electoreros y del tráfico de intereses, favores e ineficiencias en el sector público.
Pero las propuestas de proyectos de reforma que cursan actualmente en el Congreso, lideradas por senadores y representantes de la coalición gobernante, hablan de lo contrario.
Por un lado, el proyecto de reforma política, que arrancó con un articulado lleno de perlas, como la de la oficialización de la puerta giratoria para que los congresistas puedan pasar sin incompatibilidades a ministros; o el avivamiento del transfuguismo para que los parlamentarios puedan cambiarse sin pudor de los partidos políticos en los que militan, como para acelerar ese entierro de quinta que largamente vienen sufriendo esas instituciones que no inspiran respeto por la ausencia de solidez en las ideas políticas que propugnan y en la aplicación práctica de sus postulados fundantes. El transfuguismo no es más que otro elemento de ese fraude al elector en que se han convertido esos movimientos electoreros carentes de trascendencia institucional, pero que ostentan el verdadero poder.
Si con la nueva disposición ya no habrá necesidad de esperar un término mínimo para que el político no incurra en la doble militancia, la cosa se pondrá más sabrosa si pasa la propuesta de que la financiación de las campañas la asuma el Estado lo que, a pesar de la causa remota que origina la idea es que cese la financiación privada, se mantiene un mecanismo para que los aportes privados se hagan directamente a los partidos y no a las candidaturas individuales, con lo cual en la práctica ahora habrá al tiempo aportes públicos y “donaciones” privadas.
Y no se quedan atrás las relativas a la eliminación de conflictos de interés de los candidatos y de la obligación de estos y de los partidos de rendir cuentas, o las que propiciarán la elección de ciudadanos impreparados para el oficio de legislar.
En cuanto al proyecto de reforma al Código Electoral, tan accidentado al punto que la semana que concluye sufrió un golpe con el levantamiento del mensaje de urgencia que le había impreso el Gobierno, nada menos que por las denuncias de presunta distribución de mermelada a congresistas desde los despachos de la Registraduría, y por supuestos vicios de constitucionalidad en el proceso.
El solo hecho de la pretendida ampliación de la planta de personal de esa dependencia altamente politizada deja un sinsabor si se compara con los aplausos que levanta el discurso de prometidos recortes a la burocracia estatal.
Cabe una rectificación, que pasa por poner una mirada a largo plazo y no a las inmediateces del próximo debate electoral.
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