El informe de la ONU, en el cual se le imputan al gobierno de Maduro crímenes de lesa humanidad, preparado por la misión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar las denuncias contra ese régimen, oficializan lo que ya era de conocimiento general, pero que ha sido negado sistemáticamente por aquellos, sin pudor.
Son más de 220 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, y más de 2.891 incidentes que aún requieren más investigación para determinar cuáles fueron los patrones de violaciones y crímenes.
Entre las iniquidades cometidas por el gobierno venezolano, con agentes estatales y organizaciones que trabajaban con estos, figuran varias “violaciones atroces” con conocimiento de altos funcionarios, al punto que hay motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado, coordinado y ejecutado desde 2014 esos hechos, incluidas ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.
Muchos de esos crímenes de Estado fueron cometidos por motivos políticos relacionados con protestas, pero los actos violentos también se extienden contra funcionarios públicos, militares sublevados, miembros de la rama judicial, defensores de derechos humanos, periodistas y, recientemente, usuarios de redes sociales críticos del manejo dado a la pandemia de COVID-19.
Aun cuando el canciller de Venezuela ha denunciado la parcialidad del informe y de la Misión, resulta evidente que no es precisamente un nuevo discurso del presidente Duque o una diatriba de voceros de Human Rights Watch. Es, por el contrario, un documento contentivo de la investigación formalmente ordenada por la ONU y que tiene efectos vinculantes, lo que significa que no es una mera opinión, sino que tiene la fuerza probatoria para que la ONU, sus agencias y los Estados miembros adopten decisiones o se inicien acciones legales contra los autores de tantos actos viles, criminosos, con lo cual la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, tienen material suficiente para integrar expedientes que hagan pronta justicia a sus víctimas.
Y en cuanto a los efectos en Colombia, no serán tan interesantes las declaraciones de nuestro ministro de Defensa ni de los representantes del Centro Democrático, pues es previsible el sentido en que serán ofrecidas. Por el contrario, habrá que estar atentos a lo que dirán, si es que se refieren a tan ineludible tema, los integrantes de otros partidos, movimientos y fuerzas políticas cuyos líderes han ponderado por años al régimen chavista, que no ha hecho sino acabar con la riqueza y la felicidad de los venezolanos, tratando de igualar por lo bajo y con la suma de todas las mediocridades y vilezas posibles, lo que no supieron ni quisieron ni ya podrán equilibrar con la grandeza, la generosidad y la armonía que sus almas desconocen.
Y pensar que hay compatriotas desesperados porque nos gobiernen los escombros de aquel régimen.
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