Editorial


Renuncias tardías

“Lo ocurrido con la errática demora en renunciar de la ministra es una advertencia para todos y, singularmente, para quienes optan por el servicio público (...)”.

EL UNIVERSAL

10 de septiembre de 2021 12:00 AM

Está dentro de las posibilidades que la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, haya obrado con total transparencia en la contratación del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados.

Es más, conforme con el derecho vigente, le ampara la presunción de inocencia, y pasos como el haber declarado la caducidad y la consecuente terminación unilateral del contrato por las potísimas irregularidades detectadas, muestran la determinación de adoptar decisiones que muy pocos funcionarios se atreven, incluso cuando no están implicados en los entramados de corrupción, tan comunes en nuestro medio.

Pero es patente que el acto decoroso de renunciar al Ministerio perdió lucidez por la demora en producirse.

En efecto, una vez que el Banco Itaú certificara que la garantía presentada es falsa; que, con ello, la recuperación de los $70 mil millones entregados como anticipo a dicho consorcio se empantanaría, y aunque la ministra Abudinen presentó las denuncias ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, lo cierto es que nada aplacó la indignación general, con lo cual el desgaste en la credibilidad no pudo ser contenido con las acciones jurídicas adecuadas que se emprendieron.

Es por eso que el apoyo que el presidente Duque dio a la ministra fue un hecho que, aunque visto como loable desde la lealtad a los compañeros y la observancia del principio de presunción de inocencia, causó gran daño a la imagen del primer mandatario. Ello pudo evitarse.

Tal realidad, es decir, el desgaste insuperable de todo el Gobierno por este caso concreto, más el impacto negativo del anuncio del inicio del control político en el Congreso a la ministra para su probable censura, hacían inviable su continuidad y ameritaban la renuncia desde hace varias semanas.

En Colombia, sobre todo en el sector público, la renuncia se percibe como un acto de derrota y no como uno de altísima responsabilidad. Al contrario, en los países de larga civilidad, sobre todo en las monarquías parlamentarias, la renuncia a un cargo público cuando se pierde la confianza o la legitimidad, aunque sea con inocencia plena, no solo es un acto consecuente, sino que es percibido como una expresión de alto sentido de la dignidad.

En nuestras jóvenes repúblicas infortunadamente no es así; la consideración a la dignidad dentro del marco de una situación que debería imponer la renuncia irrevocable, incluso se ve exótica en los más encumbrados niveles del poder. Aferrarse al cargo del cual no se es digno, parece más importante que el decoro, y así el interés personal o la terquedad impúdica están por encima de los intereses colectivos.

La inocencia es una luz que requiere de la dignidad para que se encienda. Lo ocurrido con la errática demora en renunciar de la ministra es una advertencia para todos y, singularmente, para quienes optan por el servicio público.

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