Los colombianos que no somos violentos, esto es, la inmensa mayoría, estamos atónitos e indignados con los asesinatos de policías en distintas regiones del territorio patrio.
Tal vez el más simbólico de los sacrificios que en las últimas semanas han debido soportar los miembros de la Policía Nacional y sus familias es el de Leidy Tatiana Sánchez Montoya, quien a sus 25 años de edad, y apenas comenzando su carrera en esa institución, pues el pasado 6 de junio había logrado su ascenso al grado de patrullera, fue asesinada en su primera misión este miércoles, en área rural de San Pablo, en el sur de Bolívar.
Por supuesto, aquí podríamos mencionar a cada uno de los oficiales de la Policía que han ofrendado sus vidas por el solo hecho de pertenecer a esta institución, como el del también recién graduado patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, quien con tan solo un mes en el cargo fue ejecutado a sangre fría dentro del llamado ‘plan pistola’, que parecen ejecutar miembros del Clan del Golfo con el fin de dividir las luchas que las fuerzas policiales están librando para capturar cabecillas o para frenar las extradiciones de estos o para provocar una más rápida negociación con el gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto.
Si es por frenar las operaciones de captura o extradición de integrantes de esos clanes, el plan no solo es demoníaco, sino equivocado, pues estos atentados solo profundizarán la determinación de los actuales comandantes de la Policía Nacional, de arreciar en tal combate a la criminalidad.
Y en cuanto a provocar una más rápida negociación a partir del 7 de agosto, los jefes de esas bandas delincuenciales saben que durante el próximo cuatrienio, tal como lo han sostenido distintos voceros de lo que será el gabinete presidencial, se buscará conquistar la “paz total”, como ello se puede entender, lo que supone, desde la óptica del nuevo gobierno, lograr una solución integral de todos los factores de la violencia que padecemos, que incluye, según se desprende de lo que afirman voceros del nuevo gobierno, el sometimiento de las bandas criminales vinculadas al negocio del narcotráfico.
Es entonces urgente que el presidente electo, o el ministro de Defensa designado, o alguno de los voceros del más alto nivel, lleven ya un mensaje de lo inadmisible que resulta cualquier tipo de presión para acelerar esas negociaciones. Y el mensaje tendría más sentido si se le hace saber al país que ningún delincuente tendrá ventaja en esos tratos ni en los acuerdos a los que se arribe, de continuar desatando el terror en las comunidades o contra la fuerza pública.
La Policía ha informado de la serie de recompensas, con sus valores, que está dispuesto a pagar el Estado a quienes revelen los nombres de los autores intelectuales y materiales de estos homicidios; pero no es suficiente.
Como sociedad civil estamos llamados a rodear y apoyar a nuestros policías.
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