Salvemos juntos a la Ciénaga

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En nuestra portada de hoy y en Panorama mostramos dos imágenes escalofriantes, relacionadas con la feroz destrucción de nuestros ecosistemas urbanos, tanto en la parte suroriental como en el noroeste de la Ciénaga de la Virgen, por la depredación de invasores profesionales que aprovechan la necesidad de familias pobres que buscan un pedacito de tierra donde afincar sus hogares.

Situación que se replica en diversas zonas de bajamar protegidas por la Constitución, la ley, el POT y el POMCA en la zona norte, La Boquilla y sus veredas y, más allá de la Perimetral, en las orillas de la zona suroriental.

Son millones de metros cuadrados de aguas y manglares sacrificados por la necesidad de suelo que sin contención crece, sin parar mientes en el sufrimiento y el riesgo de los compradores, la impunidad del urbanizador pirata con sus ventas o ‘lotes de engorde’ en Tierra Baja y Puerto Rey, que enriquecen a las mafias organizadas para talar, rellenar, lotear y vender con precios diferenciados.

Los gestores de las invasiones activan y consolidan una ilegalidad que ha consentido el Estado, pero también la sociedad a la que poco importa, o que, incluso, está dispuesta a aplaudirla sólo porque los lotes terminan en manos de personas pobres.

La legalización del delito implica cambiar el uso del suelo con escrituras de posesión y que, refrendadas por inspectores, consejos comunitarios, notarías y hasta el IGAC, contribuyen a la ‘legalización de la propiedad’ y la ilegalidad como modus vivendi de las comunidades.

¿Quiénes son hoy los autores de los daños? ¿Quiénes los cómplices? ¿Qué papel cumplen las instituciones? Los invasores, unos por ignorancia y otros con dolo, mintiendo con testigos que también mienten, firman un papel donde manifiestan ser viejos poseedores de un “lote” al que apenas acaban de acceder de mala fe; ponen unas medidas y unos vecinos con una ‘escritura’ similar y la llevan a ‘legalizar’ en notaría, en criminal coartada de aparente legalidad.

El alcalde Dau ha sido enfático en que no tolerará la continuidad de tales desafueros contra el ambiente. Para eso cuenta con un equipo local con luces largas que, integrado en el Ecobloque, ha iniciado gestiones para encarar y detener el “ecocidio” en expansión entre Tierra Baja y Puerto Rey, lo que implicará respuestas múltiples del cartel de la urbanización ilegal para no perder el ‘privilegio’ de vender los bienes de la Nación, pasando por encima de las regulaciones y de la autoridad, y cubriendo su criminalidad con la necesidad de suelo de las comunidades.

No podemos como sociedad mantenernos pasivos, o contribuyendo por acción u omisión con la continuidad de esta infamia. Acompañar al Ecobloque es una razón de supervivencia, comenzando con las entidades del Gobierno nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, Superintendencia de Notariado y Registro. La Procuraduría estuvo comprometida en liderar una Cumbre Nacional que el COVID-19 mandó a cuidados intensivos; ya es hora de sacarla de allí.

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