Servicios de salud en la mira

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Por su novedad, aún no se alcanzan a dimensionar los prácticos efectos que tendrá la aplicación de la Ley 1949 de 2019 mediante la cual se fortalecen las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Uno de estos es el incremento en las multas a las entidades de salud que abusen de los usuarios de servicios médicos y hospitalarios, pues se pasa de 2.500 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a sanciones de hasta 8.000 SMLMV a las personas jurídicas, y hasta de 2.000 SMLMV para las personas naturales que administran o laboran en estas instituciones.

En adelante, no solo las EPS, IPS, hospitales, secretarías de salud y todas las entidades y empresas que generan recursos para el Sistema General de Salud, como loterías, casinos o industrias licoreras, sino también sus representantes, administradores y determinados empleados saldrán a deber solidariamente las sanciones pecuniarias que correspondan a las dilaciones y trastornos injustificados a los pacientes que requieren de estos servicios.

Incluso, se podrán imponer multas sucesivas de hasta 3.000 SMLMV a las entidades o empresas que se abstengan de cumplir las disposiciones impartidas por la Superintendencia, lo cual puede incluir a las personas naturales responsables por la inejecución de las órdenes.

Es que se tiene que acabar la malsana costumbre de obligar a los pacientes -o sus familiares- a acudir a la acción de tutela para obtener la prestación de los servicios que demandan.

Es que deben acabarse conductas claramente dirigidas a obstaculizar la atención de urgencias, o a soslayar los beneficios a que tienen derecho los afiliados, o a postergar la realización de procedimientos y terapias que se refieren a la vida y el bienestar de los pacientes.

Es que tiene que haber un cambio en la forma de prestar los servicios de salud. Por eso, las multas que se anuncian, acompañadas de procedimientos más expeditos, deben llamar a la reflexión a los funcionarios públicos responsables de estas instituciones, y a los propietarios o directivos de las empresas privadas que participan en el Sistema, máxime si la nueva Ley hace extensiva la responsabilidad no solo a los representantes legales, sino también a los jefes de presupuesto, los revisores fiscales, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos del sector salud en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y particulares que cumplan funciones públicas de forma permanente o transitoria.

Cuando se observa lo bien que están trabajando varias EPS, que atienden a tiempo a sus afiliados, con un trato digno, empleando modernas plataformas informáticas, o suministrando oportunamente las medicinas recetadas por galenos que cuidan con esmero la sagrada relación médico-paciente, no se alcanza a entender por qué otras entidades públicas y privadas maltratan a sus usuarios con dilaciones inadmisibles o con un descuido que raya en el desprecio.

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