La muerte injustificable de un bebé víctima del paseo de la muerte le vuelve a dar al sistema de salud de Cartagena y del país un sacudón humano, legal, ético y médico, que debería servir para sacarnos del letargo.
El mensaje es claro: ¡prohibido enfermarse! La mayoría de los pudientes de Cartagena –es decir, una pequeñísima minoría- intentará abandonar la ciudad en caso de la mínima emergencia de salud para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, pero ni todo el dinero del mundo salvaría la vida sin un centro de urgencias que funcione durante una crisis inesperada, como son la mayoría.
Ya se sabe lo que pasa en el sistema de salud: nunca había tenido tanto dinero disponible, pero nunca había tenido tampoco unas reglas de juego tan perversas que convierten al juramento hipocrático en un chiste de mal gusto a pesar de la buena voluntad de los médicos. Vale el negocio, mas no la vida de los enfermos.
Prima una lógica mercantilista ya ampliamente conocida y denunciada, pero por algún motivo, una sociedad entera sigue impotente, a merced de los explotadores de la salud, que se valen de todos los legalismos para no pagarles a los hospitales y clínicas ni las cuentas más elementales.
No solo se mueren los enfermos que antes se hubieran salvado con facilidad, sino que no tienen los centros de salud con qué pagar los salarios de sus empleados, ocasionándoles toda clase de penurias. Se habla de pagos de comisiones para poder cobrar cuentas legítimas y de coimas mucho más grandes para operaciones turbulentas.
Ya está diagnosticado el problema, pero nadie parece capaz de solucionarlo. Hay opiniones de que el sistema en sí no es tan perverso si no lo fueran quienes logran aferrarse al dinero grueso para obtener enormes ganancias financieras además de grandes márgenes en el negocio de las medicinas. Se dice y se sabe, pero todo sigue igual.
Es difícil creer que un gobierno entero, o mejor, un Estado con instituciones para legislar, para investigar y para sancionar, esté más anestesiado que cualquier paciente en una mesa de cirugía.
Quizá habría que implementar una justicia transicional parecida a la que funcionaría en unos eventuales acuerdos de paz con las Farc, para poder dejar atrás la paquidermia, aunque la que se le aplicaría a la salud tendría que favorecer a las víctimas y no a los victimarios, que manejan el dinero del sistema para engordar sus capitales personales.
La comunidad médica local está desesperada, incluidos los administradores de clínicas y hospitales, y entre todos tratarán de encontrar y proponer soluciones en el futuro inmediato, pero ninguna funcionará si el Gobierno nacional no pisa fuerte, porque no se puede esperar nada de un Congreso en donde hay mercaderes de la salud posando de patriarcas.
El Universal divulgará las propuestas de los sectores de la salud local con la esperanza de que se puedan implementar de inmediato. Si el Gobierno no interviene para que sea así, la muerte seguirá ganando la mayoría de las partidas.
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