Aunque golpea la imagen de la ciudad a nivel internacional, en el fondo, teniendo en cuenta los altos intereses que se deben proteger, ha convenido la difusión que, contra los esfuerzos de influyentes grupos de pederastas a nivel mundial que hicieron lo posible por desprestigiarla, la película ‘Sound of freedom’ pudo proyectarse en las salas de cine.
El reconocimiento que tuvo el caso, cuyos elementos se recogen en ‘Sonido de libertad’ (el nombre castellano), que retrata la historia de un exagente de Estados Unidos que se embarca en la misión de rescatar menores negociados con una presteza horrible y descarada, deviene de los hechos acaecidos en octubre de 2014, cuando una participante del Reinado de la Independencia 2013 fue capturada por presuntamente hacer parte de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niños, y el consecuente rescate de los 60 jóvenes que iban a padecer de abuso sexual inimaginable.
La taquillera película nos cae en buen momento, porque aviva la conciencia de que, junto al hambre, difícilmente hay un problema más terrible en la ciudad que este de la explotación sexual de menores y jóvenes cartageneros, aprovechando su pobreza o abandono, o el descarrío de sus padres o acudientes.
Si de fracasos de la actual administración podríamos hablar, el de no haberse radicalizado contra el turismo sexual, sobre todo, en los sitios más emblemáticos, ocuparía el o los primeros lugares. El reto que tiene quien ocupe el Palacio de la Aduana a partir de enero de 2024 tendría que comenzar por doblegar a quienes hicieron de Cartagena paraíso de este negocio infame.
Aunque la esclavitud sexual es un problema mundial, los tratantes y proxenetas pueden identificarse en nuestras calles. Someterlos a la ley sin más contemplación que el apego a su contenido es lo que corresponde. Pero nada resulta más aleccionador que golpear el bolsillo de quienes así se lucran. En tal sentido, la línea más estratégica es la toma de posesión, con miras a la extinción de dominio, de los inmuebles ubicados en Cartagena, cuyos propietarios o administradores destinan, facilitan, propician o sirven a las redes delictivas dedicada a la trata de personas y la explotación sexual. En recientes operativos, Fiscalía y Policía Nacional presuntamente hallaron elementos de prueba en inmuebles que habrían sido destinados para albergar jóvenes colombianas y extranjeras, algunas de ellas menores de edad, e inducirlas a ejercer actividades sexuales en medio del constreñimiento, el tráfico de estupefacientes y otras condiciones crueles y degradantes.
Nada golpea más a estas bandas que los propietarios de casas en el Centro, Bocagrande, Castillogrande, Manga y otros barrios cercanos al sector turístico pierdan el control o la propiedad de casas costosas, por permitir que las usen para estos crímenes abominables.
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