Es tradicional que los subsidios a la población se disparen cuando ascienden los gobiernos de izquierda, y que estos se reduzcan cuando el péndulo gira hacia la derecha. Sucede como una norma natural de equilibrio por la cual las naciones frenan o aceleran en el Estado de bienestar, conforme con las realidades sociales y presupuestales lo reclamen.
En Colombia estamos en tiempos en los que subsidiar será una constante, hasta cuando el erario y el bolsillo de los contribuyentes no den para más. Indefectiblemente, cuando estos lleguen a su límite, retornará el control de esa inversión o esos gastos, como se los quiera ver, y volverán a equilibrarse los presupuestos.
Los subsidios son una necesidad de tiempo en tiempo, y ayudan a solventar situaciones difíciles de determinados grupos poblacionales. Tienen que ver con la justicia social, y es otra de las razones por las que se justifica el Estado.
Pero el abuso de este recurso legal y presupuestario puede suponer en el largo plazo la afectación de la armonía de las cuentas públicas y el desorden del establecimiento; también, causa de pereza ciudadana y de dependencia pueril de sectores poblacionales, que tienden a la sumisión de la voluntad a la del gobernante, quien abusa de la disposición de los recursos oficiales para quitarle la capacidad de vuelo o de libertad al pueblo que somete.
El actual Gobierno, que está a la izquierda de la izquierda, ve con naturalidad y con arduo deseo el otorgamiento de subsidios, singularmente a sectores de la población que necesita para soportar su legitimidad en las calles. Y allí pudiera residir el principio de los problemas que tendrá que sortear jurídicamente para demostrar que son justificadas las partidas que asigna a dichos sectores, vía subsidios.
Por ejemplo, cuando en la pasada campaña electoral los actuales gobernantes ofrecieron acabar con el hambre se pensó que lo harían a través de la figura de los subsidios; pero el esfuerzo de acabar con el hambre por medio de estas asignaciones no es lo que ha priorizado. En cambio, subsidiar parte del costo del SOAT a los mototaxistas o el alza del combustible a los taxistas se parece más al favorecimiento de un grupo eventualmente conflictivo, que a sectores poblaciones mucho más necesitados de los más básicos apoyos.
Los juristas saben que toda norma que asigne recursos públicos con miras a cumplir un objetivo social debe asegurar los principios de igualdad y no discriminación; asegurar un retorno social mayor que el costo del subsidio, no obedecer a criterios de mera liberalidad del gobernante o a una desviación de poder; que no impacte sólo a un grupo de interés dentro del conglomerado social; respetar el principio de legalidad del gasto ser aprobado por el Congreso; y estar acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente Plan de Inversión.
¿Lo tendrán claro en el Gobierno?
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