Tercerización en Salud

25 de mayo de 2020 12:00 AM

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Entre las verdades que ha puesto en evidencia este tiempo de pandemia está el desnudar las profundas injusticias en la contratación de los servicios médico-asistenciales, campo en el que la inequidad afecta de manera despiadada a buena parte de los médicos, odontólogos, enfermeras y a todo un ejército de trabajadores que exponen sus vidas, aun cuando en la práctica se les cercena la casi totalidad de sus derechos laborales.

Según lo que ya otros han expuesto, todo pudiera derivarse de la errática decisión adoptada en 1999 por el Gobierno, dirigida a justificar la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que expresó que los trabajadores de la salud ganaban sueldos y prestaciones extralegales por encima del promedio nacional y, para ponerle freno, diseñó el modelo de los “servicios tercerizados” a través de cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales de servicio y otras fórmulas que terminaron por despojar a buena parte de los trabajadores de la salud, de contratos estables y sin prestaciones sociales en beneficio, casi siempre, de particulares que se han lucrado del sudor y el sacrificio de ese ‘ejército silencioso de batas blancas’ que hoy expone sus vidas y las de sus familias, en batalla desigual contra la peste.

Fruto de la política de ‘adelgazamiento’ de las nóminas, se dictaron normas que llegaron al extremo de suprimir cerca de 80 mil cargos con la liquidación de varios hospitales. Incluso, se dictó la Ley 1438 de 2011, que le dio vía libre a la tercerización en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E); pero, a pesar de que la Corte Constitucional señaló que sólo se podían “tercerizar” aquellos cargos no misionales, hoy esta forma de contratación predomina en los centros de salud, situación altamente peligrosa que no solo afecta a los trabajadores; también pone en riesgo la vida de los pacientes, pues no en pocos casos se contrata el personal que resulte más económico, en desmedro de la experiencia y el conocimiento.

Desde febrero, cuando con la COVID-19 perdimos la vieja normalidad, más de 700 trabajadores de la salud se han contagiado y un número significativo ha fallecido mientras desarrollaban su delicada y peligrosa labor asistencial, la mayoría sin una remuneración digna y oportuna, enfrentados además a la reticencia de las Administradoras de Riesgos Laborales en proveerlos de adecuada bioseguridad.

Por fortuna, apareció una luz de esperanza con la iniciativa del representante a la Cámara, César Ortiz Zorro, quien, con el apoyo de 31 congresistas, pretende que todos los empleados del sector Salud sean vinculados mediante contrato laboral debidamente legalizado y con todas sus prestaciones. Este nuevo intento permite soñar con la recuperación de la dignidad y los derechos laborales del talento humano del sector de la Salud.

Ojalá que al desaparecer el terror inoculado por el coronavirus no volvamos a los mismos formatos perversos que hoy tienen en jaque al gremio sanitario, cobrando más víctimas inocentes producto de un modelo mercantilista donde lo que menos parece interesar es el ser humano.

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