Editorial


Treinta años de descentralización

JAIME BONET

17 de enero de 2021 12:00 AM

Este año se cumplen tres décadas de la Constitución Política de 1991, la cual, entre varias reformas, impulsó el proceso de descentralización que el país había iniciado en los ochenta. El 2021 es un momento oportuno para realizar un balance de las cosas buenas, malas y feas que han dejado estos 30 años de descentralización.

Dentro de los resultados positivos, uno de los más importantes es la cobertura alcanzada en educación y salud en el país, ya que la atención en estos sectores cubre más del 90% de la población. Otro elemento destacable es la elección popular de gobernadores, que complementó la de alcaldes que había sido aprobada años antes, eliminando la selección a dedo de los gobernadores desde Bogotá y fortaleciendo el proceso democrático. La descentralización también significó el manejo local de los mayores recursos transferidos desde el Gobierno nacional, lo que otorgó cierta autonomía a los mandatarios elegidos por voto popular.

Sin embargo, este proceso no ha estado ausente de ciertos resultados negativos. Lo que en principio estaba dirigido a fortalecer la democracia local, ha terminado en muchos casos en la formación de grupos de poder que controlan las elecciones y capturan los fortalecidos presupuestos locales. Además, se ha manifestado una debilidad institucional local que, en muchos casos, no permite una ejecución adecuada del presupuesto, comprometiendo el bienestar de la población.

Una de las cosas feas es la mala calidad en la prestación en algunos de los servicios locales. Si bien se cuentan con mayores coberturas, los resultados en educación y salud no son los mejores. Las diferencias en la capacidad institucional local refuercen las desigualdades económicas y sociales entre regiones. Esto hace que las posibilidades de movilidad social en el país estén condicionadas por el lugar donde se nace y se crece. Aquellos territorios con mayor capacidad institucional suelen brindar una mejor educación y salud a sus habitantes, lo que permite alcanzar un mayor grado de bienestar.

Otro elemento feo del proceso es la recentralización que ha experimentado el país luego de la reforma a las transferencias en 2001, en donde se redujeron los fondos contemplados por la Carta Política. Mientras esta contemplaba que 46,5% de los ingresos corrientes de la nación debían transferirse a los municipios y departamentos, los cambios constitucionales han llevado a que estos recursos bajaran al 27,5% en 2019. A su vez, se ha creado entidades en el orden nacional (nuevos ministerios, agencias nacionales e institutos) que manejan fondos y entran en conflicto con las competencias de los gobiernos locales.

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