Un problema de todos

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Cartagena es una de las ciudades del país que más está recibiendo venezolanos por la crisis del vecino. Mucha gente viene con hambre, en busca de un trabajo y atención médica.

El fin de semana pasado el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que el 98% de pacientes extranjeros atendidos en la ciudad que han sido reportados a la entidad son venezolanos.

En total 450 han requerido atención en salud, en los que el Distrito ha tenido que invertir 678 millones de pesos de los recursos de los cartageneros.

El 78% del total de venezolanos atendidos, son mujeres embarazadas que llegaron sin tener ningún tipo de control prenatal, muchas de estas en la fase final de su embarazo. 

Para cualquiera sonaría ilógico que Cartagena, que tiene un alto índice de pobreza extrema, donde la tasa de desempleo aumentó entre junio de 2016 y junio de 2017 en 1,8% y por primera vez, después de muchos meses, creció a dos dígitos (10%), pueda ahora tener la capacidad de solucionar las necesidades de todos los que han necesitado escapar de la debacle económica y política del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin dudarlo, hay que ser solidarios, no olvidemos que muchos cartageneros y bolivarenses del campo -que ahora se están regresando, encontraron en Venezuela la oportunidad para sacar a la familia adelante, para ahorrar y para construir sus casas con los bolívares ahorrados, pero para que esto no termine perjudicando al Distrito, el Gobierno nacional debe también asignar recursos para cubrir toda esa población que nos visita.

En la audiencia pública que hizo el Concejo Distrital en Bayunca, un líder denunció que más de 100 venezolanas se dedican a la prostitución en ese corregimiento.
Seguirán llegando más venezolanos a Cartagena porque crecerán la polarización y las carencias de ese país, luego que el gobierno socialista instale la asamblea constituyente, que reescribirá la carta magna a su acomodo.

Lamentablemente además del éxodo, seguirán allá también los asesinatos y el desabastecimiento, como dice el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali: “Lo que haga la Constituyente no va a ser aceptado por la población y van a continuar actos de rebeldía en su contra. Incluso, las constituciones no resuelven los problemas de la gente de forma directa. Lo hacen las políticas públicas”.

Lo peor es que nadie sabe cuándo terminará esta tragedia que agobia al pueblo venezolano.

 


 

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