Editorial


Un servicio esencial

“Es inaudito que en estos tiempos solo el 14 por ciento de las familias colombianas cuentan con el servicio de acceso fijo a internet (...)”

EL UNIVERSAL

03 de agosto de 2021 12:00 AM

La Corte Constitucional ha considerado que un servicio público es esencial cuando “las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales”.

En esa línea ha reconocido como materialmente esenciales los servicios de transporte, telecomunicaciones, la banca central, la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo, la seguridad social y los servicios públicos domiciliarios.

La semana pasada el presidente Iván Duque, en compañía de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, promulgó en Arroyohondo, Bolívar, la ley que reconoce a internet como un nuevo servicio público esencial al constituirse en un factor determinante para el goce efectivo de derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud y el acceso a la información.

Conociendo el papel que el internet juega en nuestras vidas, sorprende que nos hayamos demorado tanto para otorgarle ese reconocimiento. No hay prácticamente ninguna profesión u oficio que no tenga la vocación de emplear este recurso o que no haya mejorado en la prestación de sus servicios aprovechando de alguna manera las ventajas que ofrece.

Sin embargo, fue durante las férreas cuarentenas cuando los más escépticos habrán comprendido el papel que juega la internet, y todos los recursos que supone, en nuestras vidas.

Y si nos demoramos demasiado para ese reconocimiento, es importante que no lo hagamos para aprovechar las ventajas que traerá tal declaratoria, de entre las cuales están la obligatoriedad para los operadores de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la prohibición de que, en situaciones de emergencia, se suspendan las labores de instalación, adecuación y mantenimiento de las redes o exista un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios; o evitar la suspensión del servicio por causa de las dificultades económicas de la población más vulnerable; o permitir un mayor amparo a través de las acciones constitucionales, como la tutela; o la obligación de garantizar el derecho efectivo de acceso a la internet, con tarifas asequibles y competitivas; o la navegación gratuita en 30 direcciones de internet que serán definidas por el Gobierno para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del Gobierno y de educación.

Es inaudito que en estos tiempos solo el 14 por ciento de las familias colombianas cuentan con el servicio de acceso fijo a internet.

No habrá desarrollo posible hasta que no aumente el acceso real a internet a miles de colombianos que, habitando en las zonas rurales o barriadas pobres en nuestras ciudades, carecen de un servicio que para buena parte de la población es apenas elemental.

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