Visas judiciales

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Por cuenta de la cancelación de las visas a dos magistrados de la Corte Constitucional, a uno de la Corte Suprema de Justicia y a un congresista quien reveló que el pasado 17 de abril se la anularon, en su opinión, por hacer públicos detalles de una reunión con el embajador estadounidense en la que se habló de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la concesión, negación o cancelación de visas para ingresar a Estados Unidos de América, que normalmente es asunto de la esfera privada, se ha convertido en tema que trasciende a las relaciones entre las dos naciones.

El giro que ha tomado la cancelación de tales visas a altos funcionarios de la Rama Jurisdiccional prueba la importancia que tiene ese documento, y el hecho que, al parecer, ya no solo se revocan a servidores públicos acusados de delitos graves, sino también por razones de intereses estratégicos de los EE.UU.

Como ocurría en tiempos del imperio romano, los extranjeros anhelaban visitar Roma, la capital del mundo occidental. No contar, al menos, con el estatus de peregrinus, el equivalente a las visas modernas, se constituía en una capitis diminutio que suponía la imposibilidad de moverse a discreción por los territorios conquistados.

Como para los peregrinus de entonces, actualmente es una ventaja comparativa contar con la visa americana; facilita incluso la aprobación de visas que aún otras naciones exigen de los colombianos. Y a pesar de que queda un mundo por conocer, el no tener vocación de ingreso al gran país del norte no deja de ser una indeseada contrariedad para buena parte de los ciudadanos globales. Y Washington lo sabe.

El uso de esa herramienta pudiera ser una estrategia que cobre fuerza para dejar en claro a la comunidad internacional y a los gobiernos en particular, que quien no esté alineado con los intereses de EE. UU., no será bienvenido en su tierra.

Si bien es cierto que esa nación tiene pleno derecho de revocar visas a quien considere conforme con su soberanía, también lo es que al referirse a altos funcionarios judiciales colombianos que se han pronunciado o pronunciarán sobre temas de evidente sensibilidad en el desarrollo de las relaciones diplomáticas, el efecto en la percepción de respeto a la autonomía judicial del país se pone en entredicho, tal y como lo han manifestado voceros de la Rama, quienes protestan por lo que consideran como una presión indebida sobre decisiones de tribunales nacionales, lo cual causa un malestar innecesario que puede afectar la tradicional concordia entre dos países que se cuentan como aliados.

En tal sentido, se valora de la embajada estadounidense que haya restituido las visas a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, y es de esperar que revise la condición de los otros funcionarios a quienes les fueron revocadas. Como también se valora el pronunciamiento del fin de semana, en el que la embajada reafirmó la amistad y alianza entre las dos naciones. En tiempos complejos como los actuales, cualquier señal en el sentido de fortalecer intereses comunes redundará en unas relaciones más dinámicas y transparentes.

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