En nuestro medio, nada está golpeando más la realidad de las parejas jóvenes, después de la inseguridad y la inflación, que la política de vivienda.

Cabe preguntarse por qué en solo 7 meses salimos del listado de países que, proporcionalmente, más construía y asignaba vivienda popular. ¿Cómo fue que, del sueño de adquirir vivienda propia, miles de familia pasaron a vivir una pesadilla?

El meollo del asunto está en que el nuevo Gobierno abjuró del exitoso programa ‘Mi Casa Ya’, que venía de anteriores mandatos. Por supuesto que tenía derecho a hacerlo..., siempre y cuando no se perdiera lo logrado y que se mejorara. No cabía dar marcha atrás, a menos que hubiera algo mejor, y que en esa transición ninguna familia colombiana saliera perjudicada. Pero eso es lo que pasó... y está pasando.

Al cambiar las condiciones para acceder a los subsidios que asigna el Estado, tanto el ahorro como el acceso al crédito se distorsionan, indefectiblemente. Eso se sabía y se advirtió a tiempo.

La semana pasada pudimos contar la experiencia de varios promitentes compradores y de adquirentes de vivienda en Cartagena, que vieron frustradas sus ilusiones de recibir subsidios que necesitan para adquirirlas, porque en el nuevo esquema del programa de vivienda popular, las familias cartageneras no caben.

Sencillamente, en la priorización adoptada por el Gobierno, al menos hasta lo que hoy se conoce, y que esperamos no quede así, los criterios para aplicar a un subsidio dependen de un puntaje especifico en el Sisbén. Nada más en Bolívar hay cerca de siete mil subsidios pendientes por aplicar. No queremos imaginarnos cuántos a nivel nacional.

Compartimos con Camacol que el nuevo requisito del Sisbén es inequitativo entre todas las regiones del país, porque una persona o familia con un puntaje bajo no va a contar con los ingresos para al cierre financiero necesario, para acceder a un subsidio, lo que el anterior programa sí consideraba.

Esto, en la práctica, pone a Cartagena, como Distrito Especial, en una categoría superior al resto de municipios, que sí serán priorizados al poder ganar los puntos que dan vía libre al nuevo programa de vivienda, en el que nuestra ciudad tendrá cero puntos. Esto, más el nuevo requisito de clasificación del Sisbén, explican por qué el sector de la construcción ya registra una caída en ventas del 37% de la vivienda de interés social en Bolívar. Y a estas alturas del desarrollo institucional no tiene sentido explicar qué supone el aporte o el retroceso del sector de la construcción en una nación o en una región.

Se valora que la ministra de Vivienda haya reiterado el compromiso del Gobierno nacional en cumplir el programa, y sus explicaciones de por qué era necesario realizar ajustes. ¡Pero no es suficiente!

Si el nuevo esquema se mantiene, en Cartagena podemos irnos olvidando del Estado benefactor para las familias que aspiran a adquirir vivienda popular.