Justamente cuando el contralor General de la República ha propuesto reformar la Constitución Política para que esa entidad pase a ejercer un control preventivo y concomitante, y no posterior, a fin de anticiparse al daño fiscal y mejorar las cifras de lo que anualmente se recupera tras los procesos fiscales, se ha conocido la captura del contralor de Antioquia, tres contralores auxiliares, tres alcaldes y algunos particulares.
Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, peculado por apropiación, entre otros.
Según las imputaciones, se cambiaba ocultamiento de hallazgos en las auditorías, por dádivas consistentes en dinero, contratación, cargos públicos, bienes muebles e inmuebles.
En editorial del pasado miércoles manifestamos, antes de conocer de las mencionadas investigaciones, que el problema de la propuesta del contralor radica en el riesgo de que los funcionarios de las contralorías se arroguen excesivos poderes, se genere coadministración o que los funcionarios objeto de vigilancia no se atrevan a adoptar decisiones, o las retarden, con la excusa de la inspección preventiva que ejercerán las contralorías.
También resaltamos que, por años, se dijo que en las regiones los gamonales emplearon el poder y la capacidad de atemorizar que tienen estos organismos, o bien para presionar determinadas decisiones, o para castigar a los servidores públicos que no fueron abyectos o que se rebelaron contra las pretensiones de los dirigentes políticos.
Jamás nos imaginamos que al día siguiente del editorial se develaran las pesquisas de la Fiscalía en Medellín, mostrando que es factible que esos hechos sigan sucediendo. Y si se llegare a probar que son ciertos, conociendo cómo se comportan las realidades políticas en el país, no es de extrañar que esas conductas se cometan también en la región y en la ciudad.
Con razón, tantas personas decentes y que no tienen vocación política, se niegan a prestar sus nombres para un servicio público cuya recompensa pudiera incluir una orden de persecución del político que no sea complacido en sus pretensiones, sean santas o no.
¡Cómo pedirle a alguien, que sea competente o un lujo de persona, que sacrifique su tranquilidad y prosperidad personal para ponerla al servicio de un submundo que también puede “premiar” el esfuerzo y el sacrificio honorable con un pliego de cargos o con un coactivo que incluya el embargo de bienes del servidor bien intencionado, por el solo hecho de no satisfacer los intereses de quienes son los verdaderos dueños de las entidades públicas!
Tampoco es de extrañar el frío análisis que un prestante contador público hizo sobre si tiene sentido sostener un sistema de control tan costoso, que solo recauda el 0,4% de lo que presume perdido.
Definitivamente, el debate del proyecto de ley del contralor debe servir, también, para ir al fondo del verdadero problema, que parece no estar precisamente en las normas que se quieren reformar.
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