¿Y el Ecobloque?

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A ciencia y paciencia de todos en la ciudad, las talas y rellenos continúan retadoras entre Tierrabaja y Puerto Rey, igual que las ventas en Marlinda y Villagloria. Para remate, en la margen derecha del Anillo Vial, la deforestación y rellenos se aceleraron, al igual que la aparición de nuevos negocios que no pertenecen a los invasores que se amparan en su pobreza.

¿Quiénes son los líderes? ¿por qué no los investigan ni reprimen, si es de ley? ¿quiénes son los interesados con el loteo de la margen derecha? ¿está el ‘loteo’ registrado en el Agustín Codazzi?

Hace 39 años el Artículo 128 del Decreto 1681 declaró dignos de protección a los manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares, y la Ley 99 de 1993 determinó que la función de reprimir, prohibir, restringir o condicionar el ambiente acuático de los recursos hidrobiológicos es del Ministerio de Ambiente, en conjunto con las Fuerzas Armadas, alcaldes, corporaciones y otras entidades que hoy conforman el Ecobloque.

Esa y otras normas obligan a que ciudadanos y funcionarios entiendan que en la zona de bajamar los manglares son vitales por resumir carbono, oxigenar, evitar la erosión costera, y ser áreas de protección y alimentación de los recursos hidrobiológicos, la flora asociada y la fauna diversa que cobijan.

Por constituir patrimonio natural de la Nación, el Ministerio los estudió, zonificó y mediante resoluciones y el POT, Cardique y el Distrito determinaron las categorías de conservación, recuperación o uso sostenible, restringiendo, en teoría, el uso del suelo, dada la condición de territorios imprescriptibles, inalienables e inembargables.

En nuestra ciudad, privilegiada aún de contar con ellos, una cosa es la existencia del Ecobloque –y no dudamos de la voluntad del alcalde–, y otra la debilidad institucional que prolongan en el tiempo tolerancias y complicidades que padecemos sin resignación.

A pesar de que circulan por redes denuncias de distintos ciudadanos, indignados con el avance de la depredación de la margen derecha del Anillo Vial, en lo que se constituyen en claros delitos ecológicos, tales hechos punibles ambientales no se reprimen, como si no hubiera autoridad alguna que los quiere ver.

La reciente instalación de postes y transformadores por parte de Electricaribe llevaron la situación al límite de permisividad posible. Electrificar significa legitimar el cambio del uso del suelo en una zona protegida.

No es fácil entender el argumento de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en cuanto a que procede la instalación del o los contadores, así como las razones que aducen para justificar la posibilidad de cobrar la energía que hoy les hurtan.

No puede ser que en la ciudad se reclaman de las autoridades las gestiones pertinentes para recuperar esas áreas, ante la evidente comisión de delitos que nadie puede ocultar y, por su parte, empresas de servicios públicos decidan pasar por alto esas notorias circunstancias.

¿Por qué el silencio de la Fiscalía? ¿Este tema ha sido objeto de análisis en el seno del Ecobloque?

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