Si la jefa de Gabinete del presidente de la República logra demostrar que la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios del Estado permite que agentes oficiales externos a la Fiscalía General de la Nación, puedan realizar operativos como los que se llevaron a cabo contra la exniñera de su hijo, seguramente se librará de cualquier sanción disciplinaria o penal.
Por el contrario, si se demuestra que los hechos investigados no facultan a esos agentes oficiales externos a la Fiscalía a implementar actos de investigación dirigidos a proteger la seguridad de la alta funcionaria o de su entorno, tendría que probarse por qué no hubo abuso de poder, extralimitación en las funciones oficiales y demás conductas que le puedan imputar tanto a la jefa de Gabinete como a los agentes que participaron en el interrogatorio de la exniñera.
Si es lo primero, no debería molestarse el presidente de la República con los medios que publicaron la noticia, aunque brille la inocencia de su jefa de Gabinete. No puede considerar el primer mandatario que se trata de un afán de destruir a personas solo porque están a su lado. En este caso, de lo que se trata es de una acusación específica de abuso de poder de la persona que ha sido calificada en el ambiente político, como la más influyente en el alto Gobierno, ni más ni menos.
Este tipo de imputaciones, sobre todo cuando ya están en conocimiento de la Fiscalía, se convierten en asunto de interés público, con lo cual, tal como lo ha sentenciado reiteradamente la Corte Constitucional, constituyen hechos que conviene que la prensa dé a conocer a la comunidad en general.
La referencia comparativa a la información que se dio sobre las confesiones de Mancuso ante la JEP, para señalar que al presidente le parecía extraño que los medios no hayan cubierto a fondo lo que estas significaban, son erráticas, pues el país pudo conocer todo lo que dijo Mancuso, no sometido a reserva, gracias a los medios de comunicación en su conjunto.
Por supuesto, tampoco está bien las críticas que unos colegas les hacen a otros por publicar o no tal o cual noticia; no sólo es asimilarse a los cuestionamientos del jefe de Estado, sino que riñe contra las normas que regulan el colegaje entre periodistas. Cada medio tiene el derecho a decidir qué tratamiento le da a una noticia, y no es asunto de otro medio señalar cómo debe hacerlo o no.
Ahora bien, si resulta lo segundo, esto es, que se llegare a probar que los agentes oficiales externos a la Fiscalía no estaban facultados para implementar los actos de investigación que emprendieron, el abuso de poder debería ser sancionado drásticamente, no sólo por la violación de las normas; también por el tratamiento dado a una persona humilde en absoluta indefensión legal, por ausencia de asistencia jurídica.
Por lo mismo, se echa de menos un pronunciamiento de la Vicepresidencia sobre el asunto.
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