Opinión


Empresarios y oposición

“Si esas reformas y actos de gobierno deterioran los fundamentales de la economía de mercado, gremios y empresarios estarán habilitados para ejercer una oposición calificada, esto es...”.

No les corresponde a los empresarios ejercer oposición a los gobiernos democráticamente elegidos. El papel de éstos y de sus entes gremiales consiste, sustancialmente, en colaborar de manera propositiva, respetuosa y técnica en el logro de las metas sensatas de los programas de gobierno; en fungir ante gobernantes nacionales, regionales y locales como voceros de los distintos sectores económicos que representan, y en fomentar el crecimiento de estos.

Pero también están llamados a jugar un papel relevante cuando las crisis de gobernabilidad o los desafueros de los políticos tiñen de gris el panorama económico. Ese perfil tiene que ver con la responsabilidad en la defensa de los intereses legítimos de sus miembros frente a las autoridades y demás personas y entidades de carácter público o privado, nacionales e internacionales, que afectan el normal desarrollo de la economía o del respectivo sector al que se representan.

Aunque no es una novedad de este siglo, más recientemente, y en torno de la evolución del concepto de responsabilidad social empresarial, están llamados a colaborar activamente en el desarrollo social, ambiental y humano sostenibles de las comunidades con las que interactúan o impactan en el quehacer de sus empresas.

Pero esos papeles relevantes tendrán que reajustarse a partir del 7 de agosto, cuando tome posesión el nuevo gobierno nacional. En efecto, hasta la fecha los empresarios han trabajado por regla general con mandatarios claramente proempresa. Aun cuando el presidente electo ha probado que lo es, entre sus adláteres se encuentran sectores hostiles a la clase empresarial.

La situación se torna aún más interesante si se tiene en cuenta que prácticamente no habrá oposición política a la fórmula Petro-Márquez, salvo la marginal del Centro Democrático. Y si se consolida el acuerdo nacional del presidente Petro con los distintos partidos y movimientos parlamentarios, que es altamente probable, dejarán como una anécdota cualquier censura al gobierno del próximo cuatrienio.

En consecuencia, no la tendrá fácil el sector privado si las reformas que se aprueben, sobre todo en los primeros seis meses del nuevo mandato presidencial, suponen golpes sucedáneos a la iniciativa privada, la libre empresa y la sana competencia.

Hasta ahora los gremios y demás voceros empresariales mayoritariamente han asumido una posición de concertación y apoyo al presidente electo, y es la correcta conforme a la tradición republicana que les otorga a los nuevos gobernantes la espera de sus primeros 100 días.

Obviamente, si esas reformas y los actos de gobierno deterioran o menguan los fundamentales de la economía de mercado, gremios y empresarios estarán habilitados para ejercer una oposición calificada, esto es, ajena a partidismos, centrada en la defensa de la productividad y el desarrollo sostenibles.

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