Opinión


Las fortificaciones

Fue un mensaje errático, a no dudarlo, que se corrigió pronto por el alcalde William Dau, quien dejó claro que Cartagena las seguirá administrando.

EL UNIVERSAL

12 de enero de 2020 12:00 AM

Si hay algo en lo que buena parte de los costeños están de acuerdo es en que el centralismo agobiante ha favorecido el desarrollo de Bogotá y sus satélites, en detrimento del resto del país y, singularmente, de las costas.

Es tan fuerte esa visión “cundiboyacense” de la vida nacional que hasta los más reputados y agudos dirigentes, no consideran que el país es marino, y que su vocación natural no es crecer desde las costas, aun cuando es un apotegma universal que son estas las que acercan al mundo, abaratando el transporte de mercaderías. No es solo si no leer entrevistas de los más brillantes dirigentes colombianos, nacidos en el interior, para encontrar que, sin empacho, afirman que somos un país andino. Sí... andino, a pesar de los dos mares con los que la naturaleza nos premió poniéndonos en una de las esquinas más privilegiadas del mundo.

Esa visión centrista ha contribuido notoriamente a restar competitividad a las exportaciones colombianas y ha generado una dependencia funcional absurda de Bogotá, desde donde se nos mira con desdén, y desde donde son expertos en retenernos las ventajas del intercambio cosmopolita, pero también en trasladarnos los fardos atávicos que se forjan en planicies que no tienen como horizonte ese punto perfecto en que se encuentran los colores azules y fucsias que explotan cuando el sol se duerme en el océano.

Por eso causó tanto repudio el anuncio de la devolución al Ministerio de Cultura, de la administración de las fortificaciones por parte del Distrito. Fue un mensaje errático, a no dudarlo, que se corrigió muy pronto por el alcalde William Dau, quien dejó claro que Cartagena las seguirá administrando, sin perjuicio de mejorar los instrumentos de gobierno de ese patrimonio, en búsqueda de mayor eficiencia y participación frente a su manejo.

Como también es claro que, conforme con la ley, la administración y conservación del patrimonio monumental en todo el territorio patrio es competencia del Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura; sin embargo, la norma permite que tales bienes puedan ser administrados por los municipios, tal como ocurre en relación con murallas y fuertes coloniales en Cartagena de Indias.

Cuando la Sociedad de Mejoras Públicos devolvió a la nación la gestión de las fortificaciones, pasaron a manos de la Escuela Taller de Cartagena de Indias por disposición del MinCultura. La Escuela Taller ha sido beneficiaria de los recursos del recaudo de taquillas en los monumentos, con los cuales ha venido capacitando a jóvenes y adultos en oficios dirigidos a la conservación del patrimonio. Eso debe continuar, y cualquier decisión que se adopte en el futuro, debe garantizar esa destinación.

Pero algo tuvo que ocurrir para que se produjera ese conato. ¿Se debe a que la Escuela Taller es un fortín político que le quita rigor a su misión? ¿La jugosa taquilla solo alcanza para capacitar a los aprendices y para la limpieza de las murallas, no quedando remanente para invertir en la preservación de los monumentos? ¿Hay exceso de OPS en la entidad? ¿Qué hay detrás de todo lo que ocurrió? Los cartageneros merecemos respuestas.