En Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, murió Luz Stella, una profesora que iba a su trabajo cuando explotó un carrobomba destinado a matar policías. Días atrás, en Guachené, también en Cauca, murió Laura Zineth, de 14 años, en medio del fuego entre policías y delincuentes al mando de “El Gomelo”, muerto también en el enfrentamiento. Días después, decenas de jóvenes disparaban energúmenos despidiéndolo, en medio de una población acostumbrada a la violencia.
En Cauca, Nariño, Arauca, Sur de Bolívar, Catatumbo, y en todas las regiones azotadas por la coca y otras actividades ilícitas, se libra una guerra sin cuartel entre actores armados ilegales por el control territorial; guerra que afecta a las comunidades y de la cual hacen parte el Eln y el autodenominado Estado Mayor Central, EMC, el primero con un Acuerdo de cese al fuego firmado y el segundo con uno por firmar el 8 de octubre, por lo que deberían empezar a ser parte de la solución y no del problema.
Por ello, porque creemos en el derecho de la gente a vivir en paz, nos pusimos de acuerdo con Fabio Valencia Cossio, con quien hacemos parte de las delegaciones del Gobierno en las negociaciones, él con el EMC y yo con el Eln, procesos que, uno apenas empezando y el otro avanzado, persiguen el mismo objetivo: la paz.
A partir de esa premisa, acordamos enviar una carta dirigida al Gobierno, a través del Comisionado de Paz, y a los jefes de las delegaciones de los dos grupos ilegales, cuyo propósito es invitar a que, al margen del Acuerdo de cese al fuego con el Gobierno, se acuerde también el cese al fuego entre los dos grupos. Las razones son de bulto:
Primero: la gente que sufre en los territorios. El presidente Petro ha dejado claro que no basta con el cese al fuego, sino que toda negociación debe incluir cese de hostilidades a la población. Los dos grupos ilegales, por su parte, aceptaron, como marco de referencia, el Derecho Internacional Humanitario en lo referido a la protección de la población civil.
Segundo: la confrontación entre los dos grupos, al afectar a las comunidades, exige la intervención de la Fuerza Pública, obligada constitucionalmente a proteger a la población, lo cual deriva en eventuales “incidentes” que entorpecen ambos procesos.
Tercero: el enfrentamiento entre grupos que, al mismo tiempo, adelantan conversaciones de paz, es inconsecuente y les resta credibilidad a los procesos.
Este país escéptico y desesperanzado necesita volver a creer. Con ese propósito hemos enviado una carta por la paz con Fabio Valencia, para proteger a millones de colombianos atrapados por la violencia, mientras llega esa paz de verdad, que solo será posible cuando callen los fusiles.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.
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