$177 mil millones adeuda el Distrito en cuentas por pagar

$177 mil millones adeuda el Distrito en cuentas por pagar
La secretaria General, Diana Martínez Berrocal, y el secretario de Hacienda, Dewin Pérez, rindieron cuentas ayer en el Concejo.

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La secretaria General del Distrito, Diana Martínez Berrocal, y el secretario de Hacienda, Dewin Pérez, estuvieron ayer en la sesión del Concejo de Cartagena para resolver diversas cuestiones planteadas por los miembros de la corporación edilicia.

Así, el concejal César Pión le advirtió al secretario de Hacienda sobre los riesgos financieros que representan para el Distrito los embargos en su contra, como consecuencia de diversos procesos jurídicos de años anteriores.

El cabildante del partido de La U señaló que los embargos, sumados a intereses y otros rubros, podrían obligar a la utilización de un alto porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito, con los que, además de cubrir los gastos de funcionamiento, se financia parte de la inversión en la ciudad.

“Es la dependencia más importante porque es desde donde se manejan todos los recursos y por eso le hemos hecho la solicitud al nuevo secretario para que revise el tema de los embargos e incluya dentro de su plan de gestión una estrategia para asumirlos, ya que de no ser así se podrían llevar todos los ingresos de libre destinación de la ciudad y por ende ocasionar un problema financiero mayor”.

Así mismo, Pión le pidió a la directora de la oficina asesora jurídica del Distrito, Mirna Martínez, y a la secretaria General, revisar minuciosamente el estado de los procesos jurídicos en los que está inmerso la administración para evitar mayor detrimento financiero.

Ante las inquietudes, el secretario de Hacienda dijo que el Distrito tiene unos indicadores sostenibles en términos financieros, pero que hay varias preocupaciones, como la disminución del recaudo del predial al cierre del 2019, con una caída del 14 por ciento. También la caída en el recaudo de delineación urbana.

El secretario señaló que el Distrito tiene una deuda de 177 mil millones de pesos, que son cuentas por pagar y algunas apropiaciones. También dejó ver que los embargos que tiene el Distrito que más preocupan están en el sector salud, principalmente en el Dadis. Así mismo, expresó que buscan estrategias para aumentar el recaudo del predial.

“Tenemos que apostarle a un mayor esfuerzo fiscal que nos permita recaudar mayor cantidad de ingresos propios que nos ayuden a financiar el presupuesto”, señaló Dewin Pérez.

A su turno y ante las preguntas de concejales, la secretaria General del Distrito indicó que para el contrato de vigilancia y aseo en los colegios se había dejado contemplado unos 57 mil 800 millones de pesos, pero para ello el equipo de Dau encontró un presupuesto de solo 30 mil 500 millones de pesos. Es decir, una diferencia de 27 mil 300 millones de pesos, que faltaban. “Por eso teníamos que hacer la adecuación del presupuesto. Por eso teníamos que analizar. Tenemos que afrontar esa contingencia latente”, acotó Martínez Berrocal.

A su turno, el concejal Óscar Marín dijo que le preocupa la forma en que la bolsa mercantil maneja el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito y que “la intermediación que cobra la bolsa mercantil es dinero que se le quita a los niños para su alimentación, por eso el llamado a que este no es el mecanismo idóneo para manejar este programa. Le sugiero a la secretaria General que haga un estudio y solicite acompañamiento de la Procuraduría, si así la ley lo permite, que decrete una urgencia para que pueda de esta manera acceder a una contratación directa”.

Ante esto, Martínez Berrocal respondió que la urgencia manifiesta no era un mecanismo legal procedente en este tipo de situaciones, sino en casos de emergencias, como derrumbes o desastres.

Marín fue crítico con que el PAE se contrate con la bolsa mercantil. “Es un corredor que cobra por eso, hemos tenidos ejemplos nefastos con esa prestación de servicio”, aseveró.

Agregó que los recursos que se lleva la bolsa mercantil se le descuentan a la población que se beneficia del programa de alimentación escolar. “Los documentos se vuelven ocultos, no hay una publicidad de lo que se contrató. Se vuelve una contratación a dedo que se maneja desde Bogotá, donde ya se está negociando el programa de alimentación escolar”, concluyó el concejal Óscar Marín.

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