En sesión conjunta, las Comisiones Segundas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley de Defensa Técnica a las Fuerzas Armadas que busca fortalecer la defensa jurídica de los uniformados que, por razón de su oficio, terminen incursos en procesos judiciales.
Para ello, se contempla la creación de un Fondo que permitiría financiar abogados defensores que cumplan con las condiciones y calidades para hacer una buena defensa. Sin embargo, la forma de financiar este fondo, que se haría con recursos del Estado, será un asunto que el Ministerio de Hacienda deberá explicar al momento de su debate en plenarias.
Según explicó el senador Juan Lozano, uno de los ponentes de esta iniciativa que se aprobó únicamente con el voto negativo de los parlamentarios del Polo Democrático, la medida les dará más seguridad a las personas que se encargan de la defensa de los Colombianos.
“Los policías y soldados tienen una condición especial porque ellos usan armas (…) son diferentes a los demás servidores públicos. Ellos tienen que obedecer por sus juramentos militares y obedecen en circunstancias en las que además arriesgan su vida, por eso este proyecto de ley crea un sistema de defensoría militar”, explicó Lozano.
De acuerdo con lo que plantea la medida, a través de este fondo se financiará la defensa para los miembros de la Fuerza Pública que tengan procesos tanta en la Justicia Penal Militar como la ordinaria. Sin embargo, este auxilio no aplicará para delitos relacionados con violencia sexual, contra menores de edad, del patrimonio público y falsedad en documento público.
De acuerdo con otro de los ponentes, el representante Telésforo Pedraza, los defensores públicos en algunas ocasiones descuidan la atención del sindicado. “No puede ser posible que muchos de los miembros de la Fuerza Pública no hayan podido tener una defensa adecuada porque sus sueldos no son muy buenos”, puntualizó.
La única modificación que sufrió la iniciativa durante su aprobación corrió por cuenta de una proposición al artículo tercero que hizo el representante Pedraza. Como quedó aprobado, los defensores deberán tener “independencia, sin ninguna clase de restricción, influencia o presión”. En cuanto a la especialidad, dichos defensores deberán “tener estudios en grado de especialización o maestría en derecho disciplinario, penal o procesal” con experiencia que puedan acreditar y conocimiento en asuntos derechos humanos.
Con esta proposición lo que se busca es que los abogados que asumirán estas defensas, puedan actuar con independencia, libertad y que no se comprometa la institucionalidad, ni sigan instrucciones del ministerio de defensa.
Sobre este asunto, el representante a la Cámara del Polo, Iván Cepeda dijo que no cree que estos defensores pueden actuar con independencia pues “un abogado que es contratado por el Ministerio de Defensa y que tiene que defender a un miembro de la Fuerza Pública puede ser que en algún momento influya en las decisiones del acusado de tal forma que, por ejemplo, le impida acogerse a beneficios jurídicos cuando se trata de superiores que estén incursos en violaciones de derechos humanos”.
“Creo que es un proyecto de ley que crea unas ventajas que a mi modo de ver rompen con el principio de igualdad ante la justicia sobre todo para las víctimas de miembros de la Fuerza Pública”, declaró Cepeda, quien anunció que demandará la ley.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó la importancia de la aprobación de este proyecto y aclaró que ser defendidos, no hace a los miembros de la Fuerza Pública inocentes.
“No solo resulta injusto sino oneroso que a un miembro de la Fuerza Pública le toque pagar por su defensa. Yo no quiero entrar en un debate del costo que tiene el acceder a una defensa digna pero todos sabemos que pasa por los cientos de millones de pesos cuando estamos hablando de abogados de primer nivel. No solo termina metido en un problema por cumplir con su sagrado deber constitucional sino que frecuentemente termina en un problema económico y de calidad en su defensa”, concluyó Pinzón.
A esta iniciativa le faltan dos debates, uno en la plenaria de Senado y otra en la plenaria de la Cámara y, de aprobarlos, antes de convertirse en ley deberá recibir control de la Corte Constitucional.
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