Aprobado capítulo de restitución de tierras

La Comisión I del Senado de la República aprobó este martes 90 artículos más del proyecto de la Ley de Víctimas. Esto permite que el proyecto ya cuente con el aval en casi un 80 por ciento, quedando por debatir temas fundamentales como el año desde el cual debe iniciar el cubrimiento del beneficio, además de la creación de una entidad especial que administre la restitución a los más de cuatro millones de víctimas.
Para el senador ponente, Juan Fernando Cristo, la comisión avanzó de manera concertada en la aprobación del proyecto, lo cual contó con el consenso de todos los partidos y reiteró que la misma será una realidad en mayo próximo.
"Hoy avanzamos en los temas de la restitución a las víctimas en el capítulo de tierras. Nos queda pendiente definir el tema de los jueces que serán competentes en esos casos", declaró Cristo.
Señaló además que se avanzó en "algo fundamental, el principio de inversión de la carga de la prueba a favor de víctima en los procesos de restitución de tierras, que es trascendental para devolver dos millones de hectáreas".
También se aprobó el articulado referente a la restitución a la víctima en cuanto a la educación, vivienda, salud y las medidas de asistencia social. Otro tema que vio la luz fue referente con la participación y derechos de las víctimas en los procesos penales, "que son temas fundamentales en la ley", declaró Cristo quien de paso se mostró confiado en que el proyecto se termine de votar el próximo martes, quedando pendientes el tema de la institucionalidad que usará la ley, definir el sistema nacional de reparación a las víctimas para que sea funcional y eficiente.
De la misma forma este miércoles se espera votar el aspecto relacionado con quien será el competente para definir la restitución de tierras, por el momento se propone que sean los jueces de circuito.
Un aspecto más que se incluirá en el articulado es la propuesta que aquellas personas que financiaron a los grupos al margen de la ley, o a quienes en su condición de mandatarios o jefes políticos regionales promovieron esos grupos, están obligados a contribuir a la reparación de las víctimas.