El COVID-19 es sin duda una situación sin precedentes, que no solo tomó por sorpresa a los ciudadanos, sino también a los gobiernos, los cuales han tenido que direccionar gran parte de sus esfuerzos y recursos para atender la emergencia de salud pública.
En el caso de Cartagena, la Alcaldía definió un plan con una inversión por $56.753.773.760 para ejecutar 20 líneas de acción en seis meses. Por su parte, los alcaldes locales han hecho lo propio por atender los estragos de la pandemia en sus comunidades. (Lea aquí: La inversión del Distrito en cinco meses de pandemia)
Desde la Fundación Cívico Social Pro Cartagena (Funcicar) se ha hecho seguimiento a las contrataciones de cada una de estas dependencias, el cual arrojó que para el caso de las Alcaldías Locales, según lo reportado en el Servicio Electrónico de Contratación Pública (Secop) I y II, entre marzo y el 7 de septiembre se han celebrado cinco contratos que suman $6.974.016.345.
Estos cinco contratos están divididos así: dos hechos por la Alcaldía Local 1 por $1.999.503.000, la Alcaldía de la Localidad Virgen y Turística solo ha hecho uno por $2.995.918.945, y los dos restantes fueron hechos por la Alcaldía de la Localidad 3, para lo cual se invirtieron $1.978.594.400.
Funcicar encontró que todos los procesos celebrados por las localidades fueron por contratación directa por urgencia manifiesta.
En cuanto al contrato publicado por la Alcaldía Local 2 y uno de los celebrados por la Alcaldía Local 3, no se compartieron los estudios previos. Sin embargo, en este último se anexó el documento de “verificación de cumplimiento de requisitos mínimos”. Igualmente, dos procesos, uno de la Localidad 2 y otro de la 3, no hicieron públicas las cotizaciones previas a la selección del contratista.
En este sentido se advierte que “al ser contratación directa, las entidades públicas no están obligadas a adelantar estudios previos y de sector, sin embargo, deben respetar los principios de contratación estatal, y por lo tanto escoger al contratista más apto bajo condiciones de precio y calidad. En aras de la transparencia, Funcicar ha recomendado a las entidades públicas dar a conocer los criterios que tuvieron en cuenta para escoger a los contratistas de estos procesos.
En cuanto a las cotizaciones, se aclara que estas “dan muestra del análisis económico del proceso que hace la entidad pública para definir el valor del proceso y validar que los precios contratados se ajusten a valores estándares del mercado”.
Es de resaltar que en marzo los alcaldes locales acordaron destinar $2 mil millones de cada Fondo de Desarrollo Local para que la Alcaldía atendiera a las comunidades durante el aislamiento obligatorio por el COVID - 19.
Sin embargo, por lo pronto no se tiene información de si hubo el traspaso de recursos o cómo se invirtieron.
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