El grupo de abogados que defendía a Héctor Julio Alfonso López ante la Corte Suprema de Justicia fue cambiado por la firma que dirige el penalista Isnardo Gómez Urquijo, Global Consultorías y Proyectos SAS.
Se supo, por voceros del grupo político, que la decisión se debió a “los malos resultados obtenidos durante más de 20 años, porque la defensa de entonces no aprovechó ni explotó el caudal probatorio que tiene el exsenador Alfonso López y su familia que demuestra su inocencia”.
Al exsenador Alfonso López, hijo de la exempresaria del chance Enilce López, se le investiga por presuntos nexos con paramilitares, pero su defensa dice tener pruebas de que estos grupos se desmovilizaron en 2005, “por lo que la actividad proselitista se realizó respetando la ley”, argumentan.
“Como conocedor de la verdadera situación del exsenador Alfonso López, este caso se ha vuelto ejemplo internacional de hasta dónde pueden llegar los tentáculos del poder, hasta dónde se puede abusar del mismo y hacer caer en equivocaciones a la justicia. Para todos aquellos que vivimos e hicimos parte de este fenómeno político social, tenemos la certeza que todo lo que se ha tejido, con falsedades e injurias, en esta nueva etapa del proceso tendrán su caída con este nuevo equipo profesional, de abogados”, dijo uno de los testigos, el dirigente político Jesús Carrasquilla.
Isnardo Gómez Urquijo fue el apoderado del cura Bernardo Hoyos, exalcalde de Barranquilla comprometido en hechos contra la administración pública, e incluso, logró su libertad.
Ha defendido a otros personajes como Julio Riveros Junca, el polémico asesor de la Gobernación de Pablo Ardila en Cundinamarca y quien fue procesado en febrero del 2012 por irregularidades durante la administración de Ardila. También le llevó los procesos a los exsenadores Horacio Serpa y Álvaro Aston, al alcalde de Yopal, John Calzones, entre otros.
El jurista fue uno de los siete conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura encargados de resolver el conflicto de jurisdicción entre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Contraloría General de la República, para conocer del proceso de responsabilidad fiscal a unos magistrados de esa corporación.
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